Toluca/Estado de México
En el Estado de México se ha hecho un mal uso del fuero, pues se ha convertido en una coraza protectora que ha impedido en algunos casos la acción de la justicia; esa figura jurídica que protege a los funcionarios públicos ha evitado que se castiguen casos de corrupción y delitos del fuero común cometidos por algunos que gozan de dicho privilegio.
Es por ello que el diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador del grupo parlamentario del PRD y líder estatal de la bancada propuso en primera instancia modificar el nombre de la figura jurídica denominada como “fuero” a “inmunidad constitucional”, pues este concepto es más apropiado y precisa con mayor claridad el carácter de dicha prerrogativa que tiene como finalidad proteger a los legisladores de ser acallados por emitir opiniones críticas o que incomoden a personas que detentan posiciones de poder.
Dijo que en el caso del Estado de México los diputados de la Legislatura Estatal, magistrados e integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, así como los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, el Fiscal General de Justicia y los integrantes de los órganos superiores a los que la Constitución local les otorga autonomía, gozan de inmunidad constitucional que les permite evitar el ejercicio de la acción penal cuando exista un proceso abierto en su contra.
“Sanamente, la inmunidad procesal a favor de los legisladores permite desarrollar un debate parlamentario libre de cortapisas y amenazas”.
Indicó que aquellos legisladores que cometan una conducta delictiva deben ser sometidos a un proceso legal y en su caso castigados como cualquier otro ciudadano.
Es así que de modificarse el concepto de “fuero” a “inmunidad constitucional” se estará garantizando el principio de igualdad ante la ley; de esta forma se protegerá al legislador siempre y cuando su conducta y comportamiento en general no vaya más allá de la esfera de sus atribuciones.
Omar Ortega, dijo que se le quitara la “inmunidad constitucional” y el representante popular deberá responder por sus actos ajenos (delitos del fuero común) a su desempeño como funcionario.
Dijo que una vez que en el Poder Judicial determine que el imputado es sujeto a una sentencia condenatoria, es decir su posición en el Poder Legislativo, no impedirá que enfrente la ley y en su caso sea castigado.
De esa manera, se logrará el estado de igualdad que necesitamos en el Estado de México.
“No podemos seguir permitiendo que se sigan privilegiando las impunidades en contra de las libertades y los derechos, es momento de cambiar las condiciones de la entidad”, consideró.
