Toluca/Estado de México
En el Estado de México el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía de Justicia no respaldan a los familiares de víctimas de feminicidio ni de violencia de género, reclamaron tres mujeres, familiares y víctimas de estos delitos.
Elizabeth Machuca Campos narró que su hermana fue localizada viva el 28 de octubre en el municipio de Ocoyoacac, con el lado izquierdo de la cabeza destrozada y el lado derecho con lesiones, fue ingresada al Hospital Adolfo López Mateos y la Fiscalía General de Justicia estatal inició una carpeta de investigación por atropellamiento.
Fue hasta que su familia comenzó a buscarla cuando dieron con ella en el Servicio Médico Forense (Semefo) en Lerma, donde fue ingresada en calidad de desconocida, pues falleció en cirugía en el hospital estatal. “Todas las pruebas las entregué yo, pero honestamente en la justicia de las instituciones no creo más porque tuve que entregar todo, desde testigos hasta las pruebas que llevé ante la Fiscalía, pero ahora ellos mismos me dicen que sólo pueden probar el homicidio doloso”.
Bajo estas condiciones, dijo, la sentencia contra el imputado por el feminicidio de su hermana se redujo de 48 años a sólo 20, además su familia apeló y pidió que sea juzgado por homicidio simple, sin agravantes, permitiendo con ello que salga en menos tiempo.
Otro caso fue el de la venezolana Nahiram Diaz, que vivía en Metepec, denunció que en el 2018 su expareja sentimental sustrajo a su hija de tres años, además le demandó la patria potestad de su niña desde varios meses antes, pero el juzgado familiar no le notificó sobre estos hechos.
“Creo en la justicia mexicana, yo me quedé sin mis pertenencias, si mi hija. Pido ayuda porque desde hace cinco años fui víctima de violencia, pero por miedo no puse una denuncia, por ser venezolana me han rechazado los derechos como madre de una menor, que además ha comprobado que el hombre que la tiene es violento”.
Frente al Tribunal Superior de Justicia estatal, Lorena Gutiérrez, mamá de Fátima Valeria de 12 años de edad lapidada y violada en el municipio de Lerma hace cinco años, aseguró que hubiera preferido entregar a los tres feminicidas de su hija al pueblo, para “que los lincharan cuando los detuve en el 2015”, tras asesinar a su hija, pues ahora esperan la reposición del juicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues la jueza del Poder Judicial mexiquense que llevó el caso de su hija desestimó las pruebas y dejó libre a uno de los imputados.
Reclamó que las mismas pruebas que sirvieron para acreditar la participación de los otros dos partícipes en el asesinato de su hija, uno de los principales promotores de violentar a su hija cuando regresaba de la secundaria en la comunidad de Santa María Zolotepec, Lerma, podría quedar en libertad, “mientras mi familia y yo ya fuimos desplazados hasta de nuestra comunidad por las amenazas de la familia de este sujeto en nuestra contra”.
“Confié en las instituciones porque eso me enseñaron desde que era niña, que la justicia no se cobra por mano propia ni con violencia, pero los jueces del Tribunal me fallaron y contra los responsables de quitarme a mi niña, ahora están libres”, resaltó.
