Toluca
Luis Antonio Hernández Sandoval, jefe de la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones y Proyectos de la Comisión de Derechos Humanos mexiquense, informó que las dos últimas recomendaciones fueron emitidas a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social mexiquense para el penal Neza Bordo, donde identificaron excesos, irregularidades y abuso de poder no sólo por parte de los internos sino ejercido por los custodios.
Entre 2017 y 2018 emitieron ocho recomendaciones a dicha autoridad, de ellas cuatro son para el penal de Nezahualcóyotl, el resto para La Quinta del Bosque (para menores), el de Almoloya de Juárez “Santiaguito”, el de Chalco, Tlalnepantla y Ecatepec.
En el caso de Neza Bordo, detalló que durante la investigación que derivó en las recomendaciones 33 y 35, encontraron que al menos cuatro custodios asignados al tratamiento intensivo para internos con conductas violentas o no apropiadas abusaron del poder.
“Pudimos ver que hay áreas no autorizadas conocidas como bartolas y lobas, de forma coloquial que no eran espacios propicios para confinar a una peresonas. Explicó que en relación a la última del año 2017, aceptada por la Dirección el 29 de diciembre, tiene como connotación actos que provocaron violencia al interior del centro de reinserción de Nezahualcóyotl, propiciada por internos del módulo especializado y los custodios.
La CODHEM encontró en su investigación que en este sitio hubo actos indebidos por los custodios, además de otros cometidos por internos solapados por esta autoridad, por lo tanto en uno de los puntos recomendatorios, la Comisión solicitó como una medida precautoria y sobre todo en atención a violación a los derechos humanos la separación del cargo que desempeñan los servidores públicos o custodios.
Además, los custodios deberían ser sometidos a controles de confianza, pues según los testimoniales obtenidos, éstos estuvieron involucrados e incluso propiciaron los actos irregulares o violentos en el penal.
“Advirtiendo esa circunstancia a sabiendas que hay personal cautivo que se verá con regularidad y para evitar otro brote de violencia, motivado por la inconformidad expresada por los internos es necesario que sean separados de esas funciones”, advirtió.
No obstante, dijo que algunos de los presos no son controlados por los custodios, de modo que mientras se lleva a cabo la investigación por parte de autoridades como la Fiscalía General de Justicia estatal, esos cuatro policías deben ser situados lejos de los reos, así como retirar los lugares de confinamiento no autorizados por los órganos disciplinarios administrativos del centro preventivo.
“Nos llamó la atención porque los custodios no tienen la facultad para situar a un interno a su voluntad en un área, sobre todo que no respeta condiciones mínimas de seguridad ni considera la dignidad del interno”, enfatizó.
Hernández Sandoval añadió que en las revisiones hechas por la Comisión identificaron áreas no autorizadas, por ello advirtieron a la dirección sobre separar al personal mencionado de sus funciones en tanto no haya una resolución y las investigaciones conducentes que debe ejercer un órgano interno de control quien decidirá la responsabilidad administrativa de los mismos.
“Nosotros no queremos que esto se salga de control. Hubo dos recomendaciones dirigidas al mismo centro preventivo relacionadas con actos violentos consentidos por algunas autoridades al interior del centro, aprovechamos el marco de ambas para advertir algunas irregularidades y que se dictaran medidas administrativas en general, que no sólo beneficien a un rango acotado sino acciones que requiere mejorar la DGPyRS para tener el control de las cárceles efectivo y una gestión penitenciaria correcta.
Todas siguen en trámite, la mayoría a más de 50% de resolución, relacionadas con las correctas prácticas de las autoridades; sin embargo, aclaró que no pidieron la destitución de ninguna autoridad penitenciaria porque como organismo público autónomo no jurisdiccional no tienen facultades para incidir en la situación laboral de un servidor público.
“Si detectamos que la autoridad en cuestión ejerce de nueva cuenta un acto que vulnera el derecho humano, pedimos a la autoridad relacionada que los separen de su cargo en tanto no se resuelvan los procedimientos laborales, penales o administrativos para dar garantía a la víctima, porque hemos visto que si ya abusó del poder una vez, pudiera tener alguna represalia el denunciante”.
