Estado de México
De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), de los 125 municipios de la entidad, solo 20 están en condiciones de aplicar la Ley de Justicia Cívica, normativa que todas las demarcaciones debieron adoptar desde mayo de este año.
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La presidenta de la Codhem, Myrna García Morón, explicó que la mayoría de los municipios no cumplen con los requisitos básicos, como contar con un equipo de al menos seis personas en los juzgados cívicos, compuesto por un juez, secretario, facilitador, psicólogo y médico.
Además del personal, se deben cumplir ciertos criterios en cuanto a infraestructura, como contar con espacios apropiados para la realización de audiencias orales, garantizar condiciones dignas en las áreas de detención y disponer de mecanismos que aseguren la alimentación, hidratación y comunicación de las personas detenidas por infracciones menores.
García Morón destacó que, el objetivo principal de la ley es promover el uso de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, como la mediación y el trabajo comunitario, y dejar el arresto como el último recurso.
"Actualmente la ley prevé que se privilegien los medios alternos, es decir, la mediación, que haya incluso un trabajo comunitario y que la última ratio, la última medida a la que decidan recurrir los jueces calificadores sea el arresto, en el máximo de las 36 horas que se prevé", señaló la presidenta de la Codhem.
Los municipios mejor preparados para implementar la ley son Tecámac, que encabeza la lista, seguido por Teoloyucan, Toluca, Xonacatlán, Acolman, San Antonio La Isla, Tultitlán, Tejupilco, Lerma, Atizapán de Zaragoza, Otumba, Aculco, Chiautla, Acambay, Papalotla, Texcoco, Tlalnepantla, Huixquilucan, Jalatlaco, Almoloya del Río, Ecatzingo, Temoaya y Villa del Carbón.
Se destaca que, a pesar de la obligación de aplicar la ley, no se han establecido sanciones para los municipios que no cumplen con ella; la Codhem tiene previsto realizar algunas recomendaciones para corregir las deficiencias observadas.
Además, llamará a las nuevas administraciones municipales a dar prioridad a la implementación de esta ley, cuyo objetivo es mejorar la convivencia social y fortalecer el respeto a los derechos humanos.
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