Toluca/Estado de México
Guadalupe González, fue sentenciada la semana pasada a 50 años de prisión por el delito de secuestro, pero asegura que su caso está marcado por irregularidades y pide una revisión profunda del proceso.
Las dos caras de la violencia vicaria
La afectada, señaló que su condena es injusta, ya que enfrenta un contexto de presunta violencia vicaria y fabricación de pruebas en su contra desde 2021, año en el que solicitó una pensión alimenticia para sus hijos y comenzó a enfrentar denuncias en su contra.
Asegura que en ese entonces su ex pareja la denunció por abuso sexual contra su hijo y feminicidio en grado de tentativa, pero fue absuelta debido a la falta de pruebas, sin embargo, ahora enfrenta otro proceso legal, también promovido por su ex marido.
“Cuando le dije al padre de mis hijos que quería la pensión, en 2021, me dijo que primero iba a estar en la cárcel antes de que él me diera un solo peso”, afirmó Guadalupe.
Durante el juicio, la defensa de Guadalupe argumentó que un juez del Distrito en Toluca desestimó pruebas clave que podrían haber demostrado su inocencia, incluyendo el testimonio de su hija, el cual fue clasificado como “aleccionado”.
Y en contraste, dice, se priorizaron los testimonios de la parte acusatoria a pesar de que carecían de sustento.
“La víctima dijo que estuvo hospitalizada en el hospital 220 del IMSS, que fue víctima de abuso sexual durante el secuestro, pero no hay expedientes de ella en el hospital y los peritajes no demostraron el ataque sexual”, puntualizó.
El caso ha despertado el interés de grupos que luchan contra la violencia vicaria. Erick Rosas, integrante del Equipo Multidisciplinario contra la Violencia Vicaria, indicó que el caso de Guadalupe es un ejemplo de este tipo de violencia, en el que se usan los recursos del Estado para castigar a una madre que exige un derecho básico para sus hijos.
“Nos llama la atención cómo están haciendo uso del Estado y de las autoridades para generar este tipo de violencia, luego de que la señora pidiera un derecho fundamental para sus hijos, el tema de la pensión, y todo el procedimiento civil que ello implica”, señaló Rosas.
El abogado también cuestionó el papel de las autoridades en las investigaciones y señaló que existe un patrón en cómo fueron abiertas y desarrolladas las carpetas en contra de Guadalupe.
“Han utilizado al mismo agente del Ministerio Público, quien ha recabado e iniciado las investigaciones, apoyado de la coordinadora de Justicia para las Mujeres. Están usando las autoridades para generar esta violencia, y es importante que se haga público”, añadió el activista.
La defensa de Guadalupe ha apelado la sentencia y busca un recurso de revisión federal con el objetivo de esclarecer las irregularidades señaladas en el proceso y recuperar su libertad.
En paralelo, el proceso civil para obtener la pensión alimentaria de sus hijos sigue detenido, ya que el padre de los menores al parecer se amparó tras ser ordenado a cumplir con los pagos de manutención.
