Ocoyoacac
Para los pobladores de Salazar, en el municipio de Lerma es inexplicable que el pleito por los bienes comunales de algunas hectáreas con los habitantes de Santa María Atarasquillo haya llegado hasta la detención de ocho personas, casi todos familiares y que los acusen de robo con violencia, privación ilegal de la libertad y otros delito.
Incluso, para la gente es inaudito que un despliegue de fuerza que solicitaron por la inseguridad que viven en esa región, se haya presentado para atacarlos a ellos.
Este poblado que parece un sitio tranquilo con apenas 3 mil habitantes, la mayoría jóvenes y adultos mayores, se ubica a un costado de la carretera México-Toluca. Es una zona aledaña a La Marquesa, un porcentaje importante de ellos se dedican al comercio, la venta de alimentos y oferta de servicios; sin embargo, desde hace años son señalados como el albergue de las familias de delincuentes que azotan el transporte público de pasajeros tanto foráneo como local, a quienes se les atribuyen los robos a pasajeros.
La madrugada del jueves, las viviendas de estas familias fueron irrumpidas por comandos armados, “encapuchados” dicen las mujeres, provocando el pánico entre mujeres, hombres, sobre todo en niños o niñas, una de ellas hija del delegado de la comunidad a quien encañonaron en la cabeza.
Vestida con su pijama, abrazada de un muñeco, completamente desorientada, narra que a su casa se metieron por la fuerza los policías, rompieron la puerta, cristales de la ventana, la tomaron por la fuerza y sacudieron de un brazo, luego le pusieron un arma en la cabeza y a su padre le exigieron que dijera cosas.
¿Cuáles datos? Ella no logra decirlo, “estaba espantada”.
Los rasgos de la violencia con que ingresaron a ocho domicilios los policías ministeriales es evidente, los fragmentos de cristales, las puertas rotas, los candados volados, los casquillos percutidos y los rastros de sangre en las diferentes viviendas lo demuestran.
Los pobladores están desconfiados, al paso de reporteros y fotógrafos por la zona, se cuestionan entre sí la pertinencia de llevarlos y enseñar los rastros de la violencia de la que se dicen víctimas.
La esposa del representante de los Bienes Comunales, Gilberto Vilchis García de 73 años es una señora mayor, su casa se encuentra ubicada en José María Morelos.
“Puede ser por eso que se los llevaron, pero no entendemos nada. Somos comerciantes, tenemos una tienda de abarrotes a la entrada del municipio, nunca nos habían acusado de nada”.
Otra de las familias platicó que de su recámara se llevaron a dos de sus sobrinas, Yuriko Daneira y Kikey Becerril Villavicencio, son madres solteras, su casa está dentro del mismo terreno que la de sus tíos y tías, entre ellos el delegado del pueblo. “Se metieron por las ventanas, a la puerta le rompieron los cristales, sacaron a la niña (11 años) y le pusieron la pistola en la cabeza”.
Se cuestionan por qué ocurren este tipo de actos y desconfían de los procesos que se llevan en la Fiscalía de Lerma, admiten que sí deben seguir algún tipo de juicio, así sea, pero en Toluca, porque “en la Subprocuraduría de Lerma hay infinidad de casos que jamás se resuelven, desconfiamos de ellos”.
Los rastros de sangre siguen, los juicios en contra de los ocho detenidos serán el fin de semana, aunque los pobladores piden lo que el resto de los mexicanos: “un poco de respeto por las familias, pudimos morirnos del miedo, la mayoría somos mayores, enfermos”.
