Toluca/Estado de México
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Myrna García Morón, hizo un llamado social e institucional para no reproducir y legitimar discursos de odio. Desde la Casa de la Dignidad y las Libertades, reiteró el compromiso y la responsabilidad de realizar e impulsar políticas públicas que incorporen la perspectiva de diversidad sexual y de género, siendo una necesidad apremiante en un marco de equidad para la atención y prevención de la violencia LGBTIQfóbica.
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En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTI, celebrado el 28 de junio, la CODHEM presentó la conferencia magistral "Inclusión de la población LGBTTTI+ en las políticas públicas de Estado, como una forma de combatir la discriminación", a cargo de la Magistrada Julia María del Carmen García González y del Magistrado Alberto Roldán Olvera, ambos del Poder Judicial de la Federación.
Según datos del INEGI de 2021, explicó García Morón, la población diversa representa el 5.1% del total de personas de 15 años y más que viven en México. De esta población, el 81.8% se identifica por su orientación sexual, el 7.6% por su identidad de género y el 10.6% por ambas razones. Estos números subrayan la importancia de reconocer y respetar la diversidad en todos sus aspectos. Por tanto, se solicitó seguir reforzando la Agenda LGBTTTI+ impulsada por la CODHEM.
En cuanto a la orientación sexual e identidad de género de las personas que se autoidentifican como LGBTTTI+, 2.3 millones son bisexuales y el 34.8% se identifica como transgénero o transexual. En cuanto a su distribución en el país, más del 50% de las personas que se autoidentifican como LGBTTTI+ se concentran en nueve entidades, siendo el Estado de México el que tiene el mayor número con 489,594 habitantes.
Durante la conferencia magistral, la Magistrada Julia María del Carmen García González y el Magistrado Alberto Roldán Olvera expusieron los alcances de la sentencia que vincula al Estado de México a crear políticas públicas e incluir en el presupuesto a las personas de la población LGBTTTI+. Estas medidas contribuyen a disminuir la desigualdad estructural y la violación sistemática de sus derechos.
La Magistrada precisó que las sentencias deben poner en el centro la dignidad de las personas, eliminar barreras y obstáculos para acceder realmente al ejercicio de los derechos y libertades. El lenguaje debe ser una herramienta útil y efectiva para transformar la realidad. Por su parte, el Magistrado precisó que existe discriminación directa e indirecta, y que el lenguaje puede ser una forma de discriminar. Aunque había políticas públicas “de género”, estas no incluían a la población LGBTTTI+. Por lo tanto, dicha sentencia establece que el Estado debe asignar un presupuesto específico para el próximo año y generar políticas públicas, como capacitar a las personas servidoras públicas sobre el tema.
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