La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una realidad cotidiana dentro de múltiples ámbitos, incluido —y esto es decisivo— el jurisdiccional. Su incorporación en los procesos de justicia ya no es una hipótesis académica, sino un hecho constatado, como lo evidencia la reciente tesis del Semanario Judicial de la Federación que reconoce su uso para calcular montos de garantías en incidentes de suspensión. El mensaje es claro: la justicia ya dialoga con algoritmos. La pregunta impostergable es bajo qué reglas, con qué límites y desde qué ética.
La tesis es contundente al establecer que la utilización de herramientas de inteligencia artificial en procesos jurisdiccionales no es neutra, ni puede ser acrítica. Por el contrario, exige una observancia mínima de principios que colocan a los derechos humanos en el centro: proporcionalidad e inocuidad, protección de datos personales, transparencia y explicabilidad, así como supervisión y decisión humanas. No se trata de una recomendación decorativa, sino de una advertencia institucional: la tecnología puede auxiliar a la función jurisdiccional, pero jamás sustituirla.
Este criterio judicial parte de un ejercicio de autocontención sumamente relevante. Ante la ausencia de una regulación específica en México sobre el uso de IA en la impartición de justicia, se opta por mirar hacia los estándares internacionales —como los desarrollados por la Unión Europea y la UNESCO— para fijar un marco ético mínimo. Esta decisión es valiosa porque reconoce dos cosas fundamentales: primero, que la innovación tecnológica es inevitable; y segundo, que sin un anclaje en derechos humanos, esa innovación puede erosionar garantías procesales básicas, como el debido proceso, la protección de datos o el derecho a una resolución debidamente fundada y motivada.
Aquí emerge el verdadero paradigma urgente. No basta con que los tribunales adopten criterios de prudencia; se requiere una reacción inmediata del mundo académico y de quienes se forman en el derecho. Los alumnos, investigadores y estudiosos jurídicos no pueden mantenerse como espectadores pasivos de esta transformación. Por el contrario, deben asumir la responsabilidad de formular hipótesis, desarrollar investigaciones, proponer marcos normativos y construir pensamiento crítico sobre la interacción entre inteligencia artificial y derechos humanos.
Estamos ante un tema que no admite dilaciones. Cada día que la IA se utiliza sin una reflexión jurídica sólida es un día en el que se amplía la brecha entre tecnología y garantías fundamentales. ¿Cómo se audita un algoritmo que incide en una decisión judicial? ¿Quién responde por un sesgo automatizado? ¿Hasta dónde puede delegarse un razonamiento numérico sin afectar la deliberación jurídica? Estas preguntas no pueden quedar sin respuesta, y mucho menos pueden ser contestadas únicamente desde la ingeniería o la informática.
El derecho, como decía Jorge Carpizo, es el coordinador de la acción humana y hoy tiene la obligación de ser anticipatorio. De ahí la urgencia de que las facultades, los posgrados y los centros de investigación impulsen trabajos serios, interdisciplinarios y propositivos. No se trata solo de regular por regular, sino de garantizar que la tecnología opere como herramienta de apoyo y no como un poder opaco que decida sin rostro ni responsabilidad.
La tesis judicial lo dice con claridad: la transparencia y la explicabilidad exigen que la persona juzgadora informe no solo que utilizó inteligencia artificial, sino cómo llegó al resultado, con qué datos y bajo qué metodología. Esta exigencia es, en sí misma, una defensa del núcleo duro de la función jurisdiccional: la razón pública, comprensible y controlable.
En este contexto, la inteligencia artificial se convierte en un espejo incómodo para el derecho. Nos obliga a repensar categorías clásicas, a reforzar la ética judicial y a renovar la formación jurídica. Ignorar este desafío no es una opción. Asumirlo con rigor intelectual y compromiso democrático sí lo es.
La relación entre inteligencia artificial y derechos humanos no es un debate del mañana. Es un problema del presente que reclama ideas, normas y conciencia crítica hoy. Quien estudia derecho y no se involucra en esta discusión corre el riesgo de llegar tarde a la defensa de aquello que el derecho está llamado, esencialmente, a proteger: la dignidad humana.
