Estado de México
Diversos colectivos enfocados en la protección de la infancia denunciaron la utilización de menores como herramientas judiciales en carpetas de investigación presuntamente fabricadas. Hicieron un llamado a los jueces mexiquenses para que valoren y agoten todas las pruebas posibles en cada caso, evitando incluir a personas inocentes , sobre todo para proteger a niñas, niños y adolescentes.
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Frente a la sede del Poder Judicial del Estado de México, los colectivos exigieron que en juicios donde estén involucrados menores, especialmente en casos de materia familiar, se implementen métodos científicos para asegurar la veracidad de los testimonios que emiten los infantes en procedimientos legales. Se ha detectado que en muchos casos son manipulados para dar declaraciones falsas.
Miguel Ángel Plata Mejía, presidente de la asociación civil Más Infancia Feliz y Poder Civil, señaló que en los casos de divorcio judicializados es común que los menores sean obligados a afectar a una de las partes involucradas. Destacó la importancia de contar con expertos en psicología clínica que puedan evaluar si los testimonios han sido coaccionados, utilizando pruebas periciales.
El activista informó que semanalmente reciben hasta 20 solicitudes de acompañamiento por posibles carpetas fabricadas, lo que indica que la corrupción sigue siendo un problema recurrente en los casos de materia familiar, complicando aún más la situación de los menores.
Plata Mejía mencionó un caso particular: un profesor que ha estado recluido durante dos años en el penal de Neza Bordo, sin haber recibido sentencia, y cuya única prueba en su contra es un posible testimonio falso. Este caso pone en evidencia la falta de mecanismos adecuados para evaluar la autenticidad de los relatos de los menores involucrados.
Ante estos hechos, el activista instó a utilizar herramientas como las cámaras de Gesell para videograbar las declaraciones de los menores, permitiendo analizar su lenguaje no verbal y realizar el examen sin revictimizarlos. Esto proporcionaría a los jueces material que pueda ser revisado por peritos en caso de que alguna de las partes no esté conforme con la resolución.
El representante de activistas por la Infancia advirtió sobre las secuelas psicológicas que los menores pueden desarrollar al ser manipulados en estos procesos, como depresión, ansiedad y problemas de personalidad.
En los siete años de operación de Más Infancia Feliz y Poder Civil, han documentado casos extremos, incluyendo el suicidio de dos menores que presuntamente fueron presionados para declarar falsamente en procedimientos judiciales.
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