Tenango del Valle/Estado de México
Pobladores de San Pedro Tlanixco exigen la liberación de los presos políticos que fueron sentenciados “injustamente” por el delito de homicidio en 2017, presuntamente sin pruebas de su participación en estos hechos.
Por el momento bloquean ambos sentidos de la carretera que conecta Tenancingo con Toluca, como parte de una protesta que comenzó por la mañana en la explanada de la delegación para pedir al gobernador Alfredo del Mazo, la liberación de estas personas.
Explicaron que exigen un nuevo juicio justo, en el que sean consideradas pruebas que deslindan de la responsabilidad por el delito de homicidio a Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga González Martínez, defensores indígenas de la comunidad de Tlanixco.
“¿Cómo es posible que en un proceso con más de 11 años de prisión, ignoren que es un pueblo indígena a quienes nos violaron nuestros derechos. La ONU lo dijo, en un comunicado que le hicieron llegar al gobernador Alfredo del Mazo y al Tribunal Superior de Justicia estatal”.
Añadieron que estas personas el 27 de noviembre del 2017 fueron sentenciadas en el juzgado del Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, a pesar de haber pruebas que demuestran que únicamente buscaban “defender el agua”.
Subrayaron que mediante testimonios e investigaciones documentales realizados en los últimos años, demostraron que hubo complicidad de las dependencias gubernamentales, con jueces y otros operarios del sistema judicial.
El problema detonó en 1988 y 1989, cuando se registró una baja en la afluencia del sistema de agua de la comunidad de Tlanixco, donde los habitantes usaban del río Grande para abastecerse, de modo que abrieron una toma formal de agua.
Entonces, Alejandro Isaac, representante de un grupo empresarial se inconformó por dicha explotación e ingresó un escrito a la Comisión Nacional del Agua y la Comisión de Agua del Estado de México; entonces el gobierno estatal defendió los intereses de las empresas, citó a las autoridades del poblado y les impidió tomar agua bajo el argumento de que era recurso concesionado.
El recurso fue empleado por la comunidad para uso doméstico y agrícola desde décadas atrás, cuando en 2002 la Conagua anuló la concesión y se la entregó al municipio de Villa Guerrero para los floricultores.
En 2003, al menos 12 empresarios florícolas pertenecientes a Tenango del Valle -con el propósito de adueñarse del manantial del agua-, pretendieron quedarse con el agua para cubrir las necesidades de la producción de los invernaderos y los indígenas lo tomaron como una agresión.
Fue cuando se reunió la comunidad, 300 personas interceptaron a los empresarios y los presentaron ante la delegación; en el camino se hicieron dos grupos, con rutas distintas. El primero se llevó a Isaac Caso, quien murió en circunstancias inciertas, localizado al fondo de una barranca a 300 metros de profundidad.
El resto de los retenidos presentaron denuncias por privación ilegal de la libertad y por el homicidio de Isaac Caso, en meses posteriores la policía realizó diversos operativos al poblado de Tlanixco y con órdenes de arresto detuvieron en 2003 a Pedro Sánchez, Teófilo Pérez y Rómulo Arias, sentenciados a la máxima pena en 2006 y 2009.
Para 2006, fueron detenidos Lorenzo Sánchez, Marco Pérez González y Dominga González Martínez, quienes alcanzaron una sentencia de 50 años de prisión “sin tener la certeza de que ellos cometieron el delito por el que fueron juzgados, que es el homicidio del representante de los empresarios”.
