Toluca/Estado de México
El secretario de Finanzas del Estado de México, Rodrigo Jarque Lira, aseguró que el programa de reemplacamiento es necesario para contar con un control de vehículos con placas estatales que todavía están dentro del territorio estatal, pues desde hace 10 años no existe y no hay forma de proceder legalmente cuando están involucrados en un ilícito.
Entrevistado sobre la posibilidad de que los diputados del Congreso estatal echen para atrás el programa que obliga a renovar láminas del 2014 y hacia atrás propuesta del gobierno mexiquense aprobada como parte del paquete fiscal del 2019, dijo que más allá de ingresos financieros para las arcas del estado, es un tema de seguridad.
“Hace mucho tiempo que no se hace y es importante tener este control, saber qué ciudadanos viven en el estado, porque cuando se cometen los delitos no hay un mecanismo certero para poder determinar o hacer la persecución necesaria. Es un tema fundamentalmente de seguridad el del reemplacamiento”.
Jarque Lira explicó que hay un padrón de 7 millones de vehículos que no todos están en la entidad, aunque la dependencia evalúa la posibilidad de otorgar beneficios a contribuyentes cumplidos, por ejemplo descuento en refrendo de tenencia u otras obligaciones.
Indicó que continúan trabajando en las reglas de operación y los lineamientos de este cobro para presentarlo ante los diputados mexiquenses, pues estaba previsto que entre en vigor a partir del mes de julio, de forma que darán a conocer los pormenores en breve.
“El dos de julio iniciaría el tema de reemplacamiento, por tanto a final del mes de junio es cuando se llevaría, ahí se cumplen seis meses e inicia el segundo semestre, como está estipulado en la ley”, afirmó.
Luego de participar en la Inauguración del Ciclo de Conferencias Magistrales de la Auditoría Superior de la Federación para Servidores Públicos estatales en el Centro de Convenciones de Toluca, agregó que en cuanto al ISSEMyM, siguen en reuniones con las comisiones legislativas correspondientes para conformar un proyecto de ley que permita sanear las finanzas de este servicio para trabajadores del sector público.
