Ocoyoacac/Estado de México
El Tren Interurbano México-Toluca no estará en el 2022 porque la comunicación del gobierno federal con los bienes comunales de San Juan Coapanayan y San Jerónimo Acazulco está rota, por lo que permanecen vigentes tres Amparos de suspensión de obra, informó el abogado de los ejidatarios Santiago Pérez Alvarado.
La suspensión de obra va del kilómetro 28 al 32 en San Juan Coapanoayan y en San Jerónimo del 32 al 36 en dirección a la Ciudad de México, además de los tramos que en la capital del país no tienen avances.
“Lamentablemente las intenciones del presidente no serán como quiere porque los equipos al frente de la obra son los mismos que en la administración federal anterior”.
Denunció que cada vez crecen más las amenazas contra los ejidatarios por parte de la SCT y las empresas constructoras, así como contra sus representantes legales, aun con el oficio que emitió la Secretaría de Gobernación, para concluir todas las denuncias contra este tipo de movimientos civiles.
“Lamentablemente el equipo que estuvo encabezado por Guillermo Nevares, que es Miguel Ferrusca Canchola presentó denuncias penales contra 50 compañeros y el abogado, pero con la finalidad de reprimirnos para no manifestar las inconformidades”.
Dijo que si bien hasta el año pasado el gobierno mexiquense fungió como intermediario entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal, además lograron acercarse al gabinete de Andrés Manuel López Obrador para explicar las inconformidades que los llevaron a ampararse contra la obra, a la fecha no hay diálogo y se mantienen los tres Amparos ganados desde hace dos años.
Pero insistió en que la obra sólo avanzará si hay negociación sobre la preservación de los recursos naturales, de lo contrario no van a retirar los amparos interpuestos.
“Nosotros no nos oponemos a la construcción, sólo pedimos que nos paguen lo justo por nuestras propiedades, porque no se trata de afectar a nadie solo que haya un desarrollo sustentable en la región donde además hay trabajo de comuneros que se dedican al turismo porque están dentro de la zona de La Marquesa”, enfatizó el abogado representante.
Por su parte, algunos locatarios al pie de la carretera en dirección a la Ciudad de México pidieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues incluso la SCT desconoce los convenios de pago que habían firmado o establecido verbalmente durante la administración anterior.
