Toluca
Esperanza Arias, representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Deser) informó que 24 por ciento de los abortos practicados en clínicas de la capital del país son de mexiquenses; a diario 14 mujeres lo hacen de forma clandestina, sobre todo víctimas de violación, quienes desconocen su derecho a solicitar el servicio en centros de salud aun sin imponer una denuncia contra sus agresores.
Indicó que quienes optan por esta intervención son personas de entre 15 y 32 años. Además expuso que la estadística de abusos sexuales incrementó, y por lo tanto también subió la cifra de víctimas que quedan encinta y que por desesperación recurren a métodos que ponen en peligro su vida.
Afirmó que el maltrato por parte de los servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) y del sector salud al atenderlas, son motivos por los que no denuncian las agresiones.
Reconoció que es lenta la aplicación de la norma 046 que permite la interrupción del embarazo cuando se trata de este tipo de delitos, pues a pesar de que hospitales como el Mónica Pretelini y en Villa Guerrero hay esta práctica, sigue siendo poca la capacitación de los médicos y enfermeras del sector salud estatal.
Durante un performance organizado por integrantes de dicha asociación con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, en la plaza Ángel María Garibay, en Toluca; la activista indicó que el porcentaje de abusos al interior de los hogares en las zonas rurales prevalece, donde no hay denuncias debido a que los victimarios son familiares (hermanos, padres o padrastros), además del temor al rechazo y el repudio por parte de parientes y la comunidad.
Agregó que es imprescindible avanzar en la capacitación de servidores públicos para erradicar el número de perjudicadas o fallecidas por interrumpir un embarazo sin asistencia médica.
“Hay dos vertientes para que recurran a esta acción: no hay prevención sobre los métodos anticonceptivos e incrementaron las violaciones, y por no dar parte a las autoridades se van a la Ciudad de México o recurren a mecanismos irregulares que pone en peligro sus vidas”.
Recalcó que es necesario insistir en la cultura de la denuncia y la apertura de las instituciones para que reciban el mejor trato cuando procedan legalmente contra su agresor.
