Toluca
Santiago Pérez Alvarado, representante legal de los Bienes Comunales de San Jerónimo Acazulco y San Juan Coapanoayan lamentó que el Tren Interurbano México-Toluca sea “una obra faraónica manchada por el uso de la fuerza pública”, pues la historia no olvidará que antepusieron la presencia de la policía al diálogo entre ciudadanos y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Rechazó que el pueblo de San Jerónimo Acazulco se vaya a enfrentar con los granaderos pues buscan llegar a acuerdos, “pero esta obra no se va a concluir no por culpa de los habitantes, sino que no fue bien planeada, ni acordada con la gente que es propietaria de la tierra”.
Luego del ingreso de la fuerza pública federal y del Estado de México al kilómetro 37 de la carretera México-Toluca, en donde mantuvieron detenidas las obras del TIMT por tres meses derivado del amparo promovido por los comuneros con número 109/2017, el representante legal advirtió que continuarán con la Caravana emprendida desde el lunes por la tarde hacia la Ciudad de México.
Indicó que durante el recorrido que llevaron a cabo desde la terminal en Zinacantepec, detectaron un predio en litigio donde la SCT y las empresas constructoras pagaron el derecho de vía a una persona, pero la propietaria demanda el pago correspondiente.
Recordó que son cerca de tres hectáreas las que ocupan sin convenio previo, en un tren elevado que deja comunidades en pobreza, sin agua, desarrollo, a pesar de que se puede tener pueblos en armonía con las grandes obras, con un proyecto de desarrollo sustentable razonable.
En la zona de talleres y patios, el terreno es de una profesora, en la primera estación no se han concluido los trabajos y la entrega se amplía más de un mes, la terminal de Pino Suárez y Tultepec no concluirán para Mayo o junio como advierte la SCT, por eso “va a continuar la caravana, para demostrar que no es nuestra responsabilidad”.
“Vamos a recorrer lo necesario, entraremos a donde sea necesario para demostrar que hay un exceso de fuerza y no privilegiaron el diálogo”.
Aseguró que los hostigamientos en contra de la gente no son visibles hasta que ingresan “hombres justos a la cárcel”, pero reiteró que las tierras no fueron pagadas desde 1943, pues si bien existe un decreto de expropiaciones nunca se ejecutó.
“La contradicción es que si son tierras de la Federación ¿por qué les pagaron, si la realidad es que son suyas?
