Toluca/Estado de México
Guillermo Olivares, representante de la comunidad indígena de Tepezoyuca, denunció que Santiago Pérez Alvarado, representante de los Bienes Comunales de San Jerónimo Acazulco y San Juan Coapanoayan mienten al señalar que los predios a la altura del kilómetro 37 de la carretera México-Toluca les pertenecen pues falsificaron información para cobrar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 300 millones de pesos por los predios que ahora se disputan por la construcción del Tren.
Explicó que se encuentran vigentes tres juicios que interpusieron para acreditar la propiedad de esas hectáreas que se forman parte de las más de mil que corresponden a este poblado.
“Dada la insistencia por parte de esos pobladores de San Jerónimo y San Juan, venimos a decir que no es como lo están contando, porque el amparo interpuesto en el juzgado primero de distrito con número 109/2017 fue sobreseído, porque la suspensión de plano que les habían acreditado fue modificada”, afirmó.
Detalló que tienen un juicio de amparo indirecto y dos juicios agrarios, lo que les da la seguridad jurídica sobre que Santa María de la Asunción es propietaria de esa jurisdicción.
“Venimos a decirles que lo inicio que tratan de hacer los de San Jerónimo a través de Santiago Pérez es lograr un incentivo económico”.
Rechazó que a este poblado le hayan pagado las empresas constructoras o la SCT por los predios, pero tampoco están en contra del desarrollo del Tren Interurbano México-Toluca, siendo 32 hectáreas específicamente las que están peleando con los dos poblados de Ocoyoacac.
“Tenemos la documentación que acreditan los títulos primordiales que demuestran que los predios son de Tepezoyuca, son títulos que datan de la Corona Española, desde 1721, con eso demostramos que nos pertenecen”.
Añadió que ya comunicaron a los Bienes Comunales de San Jerónimo que esa tierra no es suya, pero la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario nacional “crearon entre los pobladores de Acazulco y Santa María un comisariado a modo para quitarle al gobierno federal los 300 millones de pesos, el error fue de las autoridades agrarias que permitieron a los pobladores falsificar la documentación y beneficiarse con el dinero”.
