Toluca/Estado de México
Pedro Gómez García, director de operaciones de la empresa Flecha Roja denunció que en lo que va del año registraron una pérdida de hasta 20 millones de pesos por detener la operación, la privación ilegal de la libertad de los conductores, el diésel y los daños a las unidades que les secuestran los presuntos estudiantes de la Normal Rural “Lázaro Cárdenas del Río”, ubicada en Tenancingo.
Dijo que el “colmo es que en año y medio les han robado más de 350 autobuses” que después recuperan pero que deben arreglar porque les quitan las pantallas de televisión, los asientos o les rompen los cristales.
“Lo peor, por ejemplo, hay denuncias por al menos 12 unidades que están aquí afuera estacionadas, tienen el reporte de robo y nadie puede ir por ellas”, pues explicó que gracias al GPS de las unidades fueron ubicadas junto a la terminal de Autobuses de Toluca.
Y es que esas unidades transportan a estudiantes de la normal rural de Tenería hacia la Ciudad de México para participar en la marcha por el 50 aniversario del 2 de octubre.
Durante la reunión mensual de integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT) con autoridades de la Secretaría de Seguridad estatal, Tránsito y seguridad municipales de Toluca, Movilidad y otros, pidió “hacer algo porque la madrugada del sábado que llamamos a los representantes para pedir ayuda, nadie nos respondió”.
En entrevista dijo que actualmente les robaron 57 unidades, por los pseudo estudiantes, quienes además vandalizaron 30 de los camiones, aunado a los daños en la salud de los operadores porque llegan en grupo, como si fuera “delincuencia organizada”.
Explicó que actualmente redujeron a 50% el servicio de México a Ixtapan de la Sal, Tenango, Tenancingo, hacia dónde diariamente transportan hasta 15 o 20 mil personas, en más de 150 corridas.
“Tenemos más de 200 denuncias por estos hechos sólo en lo que va este año, pero no sólo es contra los normalistas de Tenancingo sino por los estudiantes de Amitzingo en Cuernavaca Morelos”.
Precisó que a la fecha tienen algunos operadores privados de la libertad desde hace 15 días, a quienes la empresa deposita sus salarios semanales como corresponde, pero no han podido comunicarse con ellos.
Sin embargo, reclamó que las autoridades a la fecha no han hecho nada, incluso de las denuncias establecidas desde hace año y medio no hay “un sólo detenido, lo peor es que cuando ya recuperamos las unidades, no las entregan en la Fiscalía porque están reportadas con robo o secuestro”.
