El dictamen a la minuta de la Ley de Seguridad Interior elaborado por las comisiones de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y de Estudios Legislativos Segunda, fue aprobado en lo general y en lo particular por el Pleno del Senado de la República, y fue devuelto a la colegisladora, toda vez que se le hicieron modificaciones al texto original.
En lo general fue aprobada por 76 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones.
Las comisiones dictaminadoras presentaron al Pleno un dictamen con nueve modificaciones a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, mismos que fueron aprobados.
Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, su presidenta, la senadora Cristina Díaz Salazar, aseguró que este ordenamiento no pretende que la Fuerzas Armadas estén al frente de las acciones de seguridad de manera permanente; “y mucho menos es intención del gobierno de la república militarizar al país”.
Por la Comisión de Defensa Nacional, el senador Fernando Torres Graciano dijo que este dictamen es resultado de un largo proceso que por años permitió su discusión y escuchar las voces que están a favor y en contra; no se dio en fast track y se atendió a organizaciones civiles, organismos internacionales en materia de derechos humanos, a la SEDENA, gobernadores y presidentes municipales, apuntó.
El presidente de la Comisión de Marina, senador Ricardo Barroso Agramont, señaló que la ley garantiza el respeto a los derechos humanos y prevé controles institucionales “de pesos y contrapesos” para el titular del Ejecutivo Federal cuando emita Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, senador Benjamín Robles manifestó que la ley potenciará el uso indiscriminado de las fuerzas armadas, debido a que se puede prorrogar su presencia en las entidades, y pone en riesgo al país ante una posible militarización.
La ley establece la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como crear las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, en esta materia.
Señala que corresponde a las autoridades federales, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las amenazas a la seguridad interior.
Indica que las legislaturas locales, o su Ejecutivo estatal, incluido el Ejecutivo Federal, podrán solicitar la intervención de la Federación, precisando el problema su nivel de amenaza y lugar para obtener una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
La Declaratoria deberá precisar la vigencia de la participación de la Policía Federal o de las Fuerzas Armadas mismas que no podrán exceder de un año con la posibilidad de prorrogarse mientras subsista la amenaza que la motivó; y se justifique la continuidad de las acciones de seguridad interior.
En los casos en que las amenazas a la seguridad interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el Presidente podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas.
El texto indica que cuando las Fuerzas Armadas realicen acciones de Seguridad Interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones, y se limitarán a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de dichas autoridades.
Se adiciona un catálogo de responsabilidades para los estados y municipios, durante la vigencia de la Declaratoria, el cual los obliga a superar sus debilidades institucionales y contribuir a la atención de la amenaza.
Se especifica que el incumplimiento a las obligaciones y en la Declaratoria respectiva, será sancionado en los términos del Sistema de Responsabilidades y del Sistema Nacional Anticorrupción.
Votos particulares
Los senadores Benjamín Robles Montoya, Dolores Padierna Luna, Manuel Bartlett Díaz y Rabindranath Salazar Solorio, del PT; Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, Luis Sánchez Jiménez, del PRD, y Alejandro Encinas Rodríguez, presentaron votos particulares al dictamen a la minuta.
En sus argumentos, los legisladores señalaron que este documento favorece la consolidación de un paradigma militar en materia de seguridad que no ha reducido la violencia, ni tampoco el crimen organizado en el país, pero sí ha aumentado la violación a los derechos humanos.
Advirtieron que la normalización de la presencia de las Fuerzas Armadas realizando labores de prevención del delito y de seguridad pública provocará que las policías estatales y municipales sigan en un franco proceso de debilitamiento, pues se verán desplazadas en muchas regiones del país por la presencia de los militares.
Grupos Parlamentarios
A nombre del PVEM, el senador Jorge Aréchiga Ávila, del PVEM, aseguró que se otorga certeza jurídica a la colaboración de las fuerzas armadas con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para actuar en contra de manifestaciones de la delincuencia organizada.
La senadora del PRD, Angélica de la Peña Gómez, dijo que no existe excepcionalidad o temporalidad para el uso de las Fuerzas Armadas, ni controles parlamentarios ni jurídicos para las acciones que llevarán a cabo. Actualmente el 75 por ciento del territorio está ocupado por las fuerzas castrenses, agregó.
Por Grupo Parlamentario del PT, el senador Manuel Bartlett Díaz advirtió que esta Ley “que se va imponer”, es el último eslabón en la construcción de un Estado policiaco-militar, subordinado a Estados Unidos. Dijo que se pretende que las Fuerzas Armadas lleven a cabo un estricto control social en el país.
El senador Fernando Herrera Ávila informó que la bancada del PAN votará de acuerdo a la “propia sensibilidad” de sus integrantes, pero, --dijo-- estamos a unas horas de concluir el periodo ordinario que antecede a momentos políticos cruciales, por lo que pidió no enviar a México y al mundo un mensaje equivocado de debilidad institucional: “actuemos con prudencia y asumamos cada cual nuestra responsabilidad”.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el senador Ernesto Gándara Camou expresó que el objetivo medular es establecer un marco jurídico viable para regular las tareas de seguridad, por ello, la minuta se modificó a partir de la opinión de expertos y organizaciones civiles; existen garantías de respeto a los derechos humanos, a la libre manifestación, transparencia, y de equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
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