La muerte del profesor Alberto Israel Jasso Cruz ha sacudido a México. Un docente con más de dos décadas de trayectoria fue encontrado sin vida días después de enfrentar una denuncia por presunto abuso sexual. Lo más terrible del caso es que, antes de morir, grabó un video en el que negó las acusaciones y afirmó ser inocente.
Este hecho obliga a reflexionar sobre dos principios fundamentales en una sociedad democrática: el derecho de las víctimas a denunciar y ser escuchadas, y el derecho de toda persona a la presunción de inocencia.
Durante años, miles de mujeres guardaron silencio por miedo, vergüenza o falta de acceso a la justicia, pero gracias a la lucha de muchas de ellas, hoy existen más espacios para denunciar y exigir que los casos sean investigados.
Ese avance no puede ni debe retroceder; sin embargo, también es cierto que en la era de las redes sociales una denuncia puede convertirse en una sentencia pública en cuestión de horas.
La reputación construida durante años puede derrumbarse en minutos, mientras que el juicio social suele llegar mucho antes que el judicial.
En el caso del profesor Jasso, hasta el momento no existe una resolución judicial que determine su responsabilidad. Aun así, la condena pública ya pesaba sobre él; incluso, algunos de sus alumnos han solicitado que los hechos sean esclarecidos y que no se emitan conclusiones antes de que concluyan las investigaciones correspondientes.
Y es ahí donde surge una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿qué sucede cuando una denuncia resulta falsa?
Las denuncias falsas representan una mínima parte frente al enorme número de casos reales de violencia y abuso que existen en el país, pero cuando ocurren también generan daños profundos: destruyen reputaciones, fracturan familias, afectan proyectos de vida y, en casos extremos, pueden tener consecuencias irreversibles.
La justicia no puede construirse sobre prejuicios ni sobre linchamientos digitales. Debe garantizar protección a las víctimas, pero también asegurar que toda persona acusada tenga la oportunidad de defenderse y ser juzgada con base en pruebas, y no en tendencias de redes sociales.
Hoy una familia está de luto. Una comunidad educativa busca respuestas. Y una sociedad entera debería preguntarse si está aprendiendo a distinguir entre justicia y condena anticipada.
