Mientras la mezcla mexicana de petróleo subió más de 21% entre enero y julio de 2026, el precio promedio de la gasolina regular aumentó alrededor de 0.5%. Esa diferencia resume una parte central de la política económica de este año: el choque energético avanzó en los mercados internacionales y el gobierno absorbió una porción de su impacto mediante estímulos fiscales.
La estabilidad tuvo un costo. En mayo, la Secretaría de Hacienda reportó una caída de 27.6% en la recaudación asociada con combustibles por los estímulos aplicados a gasolinas y diésel. Los hogares, transportistas y empresas recibieron una protección parcial frente al encarecimiento del petróleo, mientras el presupuesto dejó de captar ingresos.
Con ese sacrificio fiscal, México está comprando estabilidad. Una gasolina más contenida reduce presiones sobre transporte, reparto, comercio y operación de empresas. También ayuda a moderar parte del impacto sobre alimentos y servicios. En un país donde buena parte de la actividad económica depende del traslado por carretera, una variación fuerte en combustibles puede propagarse con rapidez hacia otros precios.
El contexto internacional refuerza esa preocupación. El Banco Mundial estima que los precios de la energía aumentarán 24% en 2026, el mayor avance desde 2022. También prevé un incremento de 60% en la urea, uno de los fertilizantes más utilizados en la agricultura. Cuando suben fertilizantes y combustibles, producir y mover alimentos se vuelve más caro. En mayo de 2026, el INEGI reportó que el valor de la canasta alimentaria aumentó 6.3% anual en el ámbito rural y 6.9% en el urbano.
La contención fiscal ofrece alivio inmediato, pero su duración depende de la capacidad financiera del Estado. El costo del estímulo al IEPS debe evaluarse por el uso que el país haga del tiempo que está comprando. El estímulo amortigua el choque; las inversiones en logística, conectividad y eficiencia reducen de forma más duradera la exposición a futuros aumentos.
En el Estado de México, la presión energética puede sentirse con mayor fuerza en actividades que combinan recorridos extensos, consumo elevado de combustibles y poco margen para absorber costos: transporte de alimentos, distribución de gas LP, producción agrícola y pequeños comercios. Ahí, el problema deja de ser una cifra nacional y se convierte en abasto, precios locales, ingreso familiar y operación cotidiana.
La respuesta pública requiere mayor precisión. El gobierno federal debe transparentar el costo de los estímulos, establecer criterios para su permanencia y definir las condiciones de su retiro. Los gobiernos estatales pueden localizar las regiones y actividades donde el aumento de la energía amenaza el abasto o genera presiones desproporcionadas sobre los precios. Esa información permitiría concentrar programas agrícolas, apoyos temporales y acciones de distribución en los puntos de mayor vulnerabilidad.
El éxito de la política debe medirse por su capacidad para contener esa transmisión y preservar recursos para enfrentar el siguiente episodio. El IEPS compra tiempo. Su verdadero rendimiento dependerá de cuánto logre reducirse la vulnerabilidad antes de que llegue el próximo choque.
El autor es doctor en Análisis Económico y Estrategia Empresarial por la Universidad de Santiago de Compostela (España) y actualmente se desempeña como investigador visitante en el Departamento de Política Económica de la Universidad de Economía de Bratislava.
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