Toluca/Estado de México
Como integrante de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, firmó un documento mediante el cual piden a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, que se mantenga la prisión preventiva oficiosa.
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A través de redes sociales informó que signó el documento al igual que los otros 31 gobernadores de México, y subrayó que esa figura es vital para proteger a las víctimas y preservar la seguridad pública.
La Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) dio a conocer que, de no mantenerse la prisión preventiva oficiosa, habría un grave impacto en la seguridad pública, la culminación de procesos penales seguidos en contra de quienes han cometido delitos de alto impacto y el colapso de los tribunales federales.
El documento suscrito por gobernadores y gobernadoras señala que los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores de México se encuentran preocupados por los efectos adversos y en perjuicio de la seguridad pública, además de las afectaciones a la justicia mexicana.
Como integrante de la #CONAGO, he unido mi firma con la de todos los Gobernadores de México en un documento dirigido a la Ministra Presidenta de la @SCJN, mediante el cual solicitamos mantener la prisión preventiva oficiosa, figura vital para proteger a las víctimas y preservar… pic.twitter.com/ZOCyJXedwx
— Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 7, 2024
Es por ello que formularon un pronunciamiento respetuoso sobre la resolución que se emitirá sobre la prisión preventiva oficiosa y en el que resaltaron que, de ser necesario, deben mantener la supremacía constitucional, respecto de cualquier norma de carácter internacional que pueda afectar el derecho interno, con el fin, no sólo de impedir la vulneración de la Carta Magna, sino de evitar un grave impacto en la seguridad pública de los mexicanos, de las víctimas y testigos, así como la culminación de procesos penales seguidos en contra de sujetos que han cometido delitos de alto impacto.
“No podemos dejar de señalar el colapso de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.
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