El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expresó su intención de expulsar de la mesa de diálogo, que pretende solucionar la crisis política que vive el país, a los obispos miembros de la Conferencia Episcopal tachándolos de “golpistas” por suscribir a la petición ciudadana que busca adelantar las elecciones.
Desde el inicio de las celebraciones por el aniversario de la revolución Sandinista, Ortega había mostrados su descontento con la iglesia católica y su papel como mediador en la mesa de diálogo ya que desde el principio ha sido crítica de las formas con las que se ha manejado el gobierno nicaragüense.
Miembros de Alianza Cívica, grupo conformado por estudiantes, empresarios, campesinos y académicos, afirmaron que el propósito de Ortega es “moldear el dialogo a su medida” ya que busca que el Sistema Centroamericano de Integración Económica (SICA), del cual el secretario general es cercano al presidente, sea la organización que se encargue de garantizar los acuerdos.
Sin embargo, la última decisión sobre el posible cambio la tendrán los países que conforman el bloque centroamericano, a lo que el ex embajador de Nicaragua antes las Naciones Unidas, Alejandro Bendaña, señaló que “la presión internacional y la situación migratoria que viven estas naciones no permitirán que acepten esta medida”.
Por otra parte, Estados Unidos se unió al grupo de países que condenaron la violencia y los abusos contra los derechos humanos cometidos contra los manifestantes nicaragüenses, que ha dejado más de 350 muertos, por lo que anunció sanciones al gobierno de Daniel Ortega, a quien nombro como principal responsable del conflicto.
“Este apenas es el comienzo de las sanciones”, sentenció el comunicado que contiene una lista de sanciones entre las que destacan el bloqueo al sistema financiero y el congelamiento de los activos de tres altos cargos, así como la revocación de visas a funcionarios relacionados con las represiones y la devolución de vehículos policiacos donados a la policía Nacional de Nicaragua que han sido utilizados para violentar los derechos humanos.
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