Ciudad de México
La diputada priista Ana Lilia Herrera Anzaldo propuso hoy imponer penas de 2 a 10 años de prisión y multas de 300 a 3 mil días para quien realice construcciones sin la autorización debida.
Asimismo, planteó la inhabilitación del cargo hasta por cinco años al servidor público que en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, permita o autorice construcciones o asentamientos irregulares.
Lo anterior, mediante una iniciativa para adicionar un artículo 420 Quinquies al Código Penal Federal a fin de armonizarlo con la Ley General de Protección Civil que, en su Artículo 84 considera delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin un análisis de riesgos; sin considerar la normatividad aplicable o que no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente.
A presentar la propuesta en tribuna, Herrera Anzaldo aseguró que la ignorancia, la omisión, pero sobre todo la corrupción y la impunidad, matan, y si eso ocurre al ignorarse el reglamento de construcción en la capital del país, que nos esperamos en estados como Oaxaca, como Chiapas, como cualquier otra de nuestras entidades.
“Es una realidad que permea a los tres ámbitos de gobierno, que no distingue ideologías y que estamos obligados a frenar”, dijo.
La diputada priista hizo un llamado al pleno camaral a materializar en el Código Penal Federal el delito de construcción, edificación, realización de obras y los asentamientos humanos en zonas de riesgo representa una medida idónea para proteger el derecho a la vida, a la vivienda, a la seguridad, a la integridad que tenemos las personas en nuestro país.
“En el Poder Legislativo, requerimos actuar con firmeza, requerimos que la ley castigue la corrupción, pero también castigue la omisión; acabar con el lastre de impunidad en esta materia, que ha cobrado cientos de vidas”, advirtió la diputada.
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