A finales de octubre, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador anunció que presentaría una iniciativa de ley con la que pondría fin a la persecución fiscal de negocios de todos tamaños en México, labor que por décadas desempeñó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT.
En un primer esbozo fue denominada como Ley de Responsabilidad Ciudadana. También e dijo, iría por la eliminación de inspectores del sector salud y la Profeco.
Finalmente, este martes, el coordinador de la bancada de Morena en el senado, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para crear la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, que con 16 artículos y 6 transitorios, busca otorgar beneficios y facilidades a la actividad económica desempeñada por personas físicas y morales.
En la justificación de la iniciativa de ley, el senador fundamentó la necesidad de esta norma, en afán de restablecer la confianza de la ciudadanía y el combate a la corrupción.
En lugar de que las dependencias federales (lo que incluye al SAT) escruten activamente a los ciudadanos para verificar que hayan cumplido con sus obligaciones, éstos podrán inscribirse, bajo protesta de cumplir con sus obligaciones, en un padrón (denominado Padrón Único de Confianza) controlado por la Secretaría de Economía (SE).
Estar inscrito en este padrón otorgará beneficios y facilidades administrativas (aún por determinar) y exime a los ciudadanos de las revisiones tradicionales; en su lugar participarán en sorteos de periodicidad, aún por determinar, en los que se seleccionará aleatoriamente al 1% del padrón para ser revisados.
Las personas que hayan dado información falsa perderán su inscripción, sus beneficios, y serán sometidos a revisiones continuas.
Una de las principales interrogantes que quedaban era si esta ley no pondría trabas a las metas recaudatorias del gobierno, pues, uno podría sospechar que una vez aprobada ésta, habrá una migración masiva a este esquema de fiscalización basado en la confianza y el azar, con lo que las posibilidades de ser auditado podrían bajar.
Sin embargo, la fracción VII del artículo 11 del proyecto de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, se blinda contra esta posibilidad, pues establece que un órgano de la SE determinará los criterios de admisión en el Padrón. Ya veremos si en un país de aprovechados, esta norma no les allana más el camino.
