Si bien el combate a la corrupción fue uno de los emblemas de campaña que utilizó el presidente Andrés Manuel López Obrador para alcanzar su meta de finalmente hacerse de la silla del águila, las acciones de su incipiente gobierno parecen llevar un rumbo muy diferente al de su deseo. Prometer es una cosa, hacer otra, él mismo lo dijo a colación de una entrevista en la que hablaba de su homólogo de Estados Unidos, pero la misma frase le queda como anillo al dedo al mexicano.
Ahora tiene que enfrentar una de las consecuencias de gobiernos anteriores. De acuerdo al índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional (TI) México pasó del lugar 135, al 138 de 180 países evaluados en 2018, resultados que se dieron a conocer el lunes pasado, colocando al país en el penúltimo lugar entre los que conforman el G20 y el último de los que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En el informe se señala que México ha tenido una brusca caída en los derechos políticos básicos, como la libertad de expresión y la de prensa.
La denuncia de casos de corrupción es limitada a pesar de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El análisis destaca que la política anticorrupción se concentra en medidas de carácter preventivo, con resultados ineficaces. Un número limitado llega a sanción, y resulta ser muy ineficiente la recuperación de activos robados o la reparación del daño a las víctimas.
No se desmantelan las redes de corrupción.
Ni las redes que les dieron protección política.
Quienes participan saben que no serán sancionados y que podrán mantener los recursos desviados del erario público.
En la cómoda posición de López Obrador en el sentido de que no es de rencores y pretende poner un punto y aparte a las acciones realizadas por anteriores gobiernos, no cumple con lo elemental, y peor, la intención de dejar al pueblo elegir, es no aceptar la responsabilidad que ese ente le encargó. Ahora, si como lo ha dicho infinidad de veces, los responsables fueron los que en su momento ocuparon el cargo que ahora ostenta, tiene la obligación de ordenar una investigación seria y dejar de vociferar, ya sea en contra de Salinas, Fox, Calderón, Peña o quien sea, debe haber congruencia.
En Pemex se ha venido descubriendo una impresionante red de corrupción, corresponde al gobierno fincar responsabilidades, pero en especial, castigar al que resulte responsable y recuperar lo que perdió el erario, de otra forma, quedará a deber.
Michoacán, actualmente carga con un conflicto derivado de la falta de pago a profesores, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes son unos verdaderos profesionales en el arte de la extorsión, desde hace quince días se encuentran bloqueando las vías del tren en Lázaro Cárdenas, en consecuencia, se reportan pérdidas por al menos mil millones de pesos diarios, según cálculos de la Confederación de Cámaras Industriales de México.
La crisis que han generado los “profesores” de la CNTE tiene sumida en la incertidumbre a la entidad, y lo peor es que no se sabe para cuando termine el bloqueo ferroviario. Sin embargo y pese a que corresponde el problema del bloqueo al gobierno de la República por tratarse de una vía federal para su desalojo, es compartido con el estatal resolverlo, ya sea con diálogo, acuerdos o por medio de la fuerza, pero el Presidente vuelve a mostrar indolencia al señalar que no va a dar la orden de reprimir al pueblo y advierte, que no es debilidad, que se va a apoyar en la fuerza de la opinión pública.
¿Qué cuida el Presidente? ¿Los votos que le acercó la CNTE? Y entonces, ¿quién cuidará de los demás ciudadanos? ¿hasta cuando empezará a gobernar para todos?.
La tragedia de Tlahuelilpan ya sumó 117 muertos y se encuentran 30 hospitalizados, cuando bien se pudo haber evitado el trágico hecho con un golpe de autoridad, ¿qué recibimos en cambio? ¿Que López Obrador diga que no se perseguirá a quienes por necesidad roban? Robar es robar, y quien comete el delito tiene que pagar, aunque pagar con la muerte no es una medida acorde a la sanción que corresponde, fueron horas en las que la inacción de la autoridad pudo haber intervenido, mejor estar detenidos que muertos.
El desabasto de combustible ha generado perdidas económicas incalculables a la sociedad, sería interesante saber si el ahorro ha valido la pena. Aunque la intención es aplaudible, la pésima estrategia afectó de manera importante a los mexicanos.
La compra de pipas para atender la crisis motivó el traslado de secretarios de Estado hacia el vecino del norte,¿era necesario? Y lo mejor, sin licitación alguna, con el pretexto de la urgencia para resolver un problema que se originó desde el mismo gobierno federal. Qué casualidad, igual sucedió con la inexistencia de los estudios de impacto ambiental para cumplir con los requisitos indispensables para las obras anunciadas por AMLO, y parece que todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de normas serán pasadas por el arco del triunfo, con el pretexto de una honestidad que se pone a prueba con el cumplimiento de la ley.
Permitir que la CNTE, huachiocoleros y personajes que han saqueado las arcas del erario hagan lo que les venga en gana, sin enfrentarse a las consecuencias, es muestra de un gobierno débil, no imponer la autoridad, temerle al resultado, y por ende, ser un presidente timorato, pone en relieve la ausencia de autoridad.
