Reducido de más de 4 mil millones de pesos a poco más de 2 mil millones para este año, el programa de Estancias Infantiles ha puesto en dificultades al casi nuevo gobierno federal.
Agrupaciones civiles defensoras de derechos humanos, y opositores, argumentan que se va a afectar a cerca de 300 mil menores que son atendidos en esos centros.
El tijeretazo fue consecuencia de que “hay mucha corrupción”, según se ha defendido el gobierno, afirmando que el dinero no llegaba a los beneficiarios y que “hay mucho intermediario”, además de que los apoyos se van a otorgar en forma directa.
Al margen de la información que aporte el gobierno federal para sostener sus dichos y dejarla bien clara, ese recorte y la intención de que directamente el gobierno entregue el apoyo a las mujeres favorecidas, ya provocó la renuncia de Clara Torres Armendáriz, ex legisladora del PAN y titular de esa área en la ex Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría de Bienestar.
La causa, a decir de la ahora ex funcionaria, fue justo el recorte al programa. Y aquí los opositores ven que está en vías de ser eliminado, lo que provocaría un mayor costo social y un auto-golpe político, pues una de las banderas del nuevo gobierno, que tan buen resultado le dio en los comicios pasados, fue la pobreza, y resulta que ahora se ha convertido en su principal adversario, al menos en este caso, aunque las autoridades federales han aclarado que el programa no va a desaparecer.
Hay que recordar que el citado programa surgió en el gobierno (2006-2012) de Felipe Calderón Hinojosa, ex panista, y por las supuestas irregularidades detectadas y una adiposa y costosa burocracia, la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador otorgará directamente un apoyo de mil 600 pesos cada dos meses por niño a los padres de familia.
El objetivo es respaldar a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y a los padres solos con hijos o niños bajo su cuidado entre un año y hasta tres años 11 meses de edad, un día antes de cumplir los 4 años, así como entre uno y hasta cinco años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en caso de niños o niñas con alguna discapacidad, que viven en hogares con ingresos mensuales de hasta 1.5 salarios mínimos per cápita, mediante subsidios a los servicios de cuidado y atención infantil para sus hijos.
Al reducirse a 50 por ciento, las críticas no se han hecho esperar, incluso dentro de las mismas filas del partido gobernante, ya que en esto se ve un acto de discriminación en contra de madres trabajadoras, así como contra niñas y niños pequeños más pobres.
Hay quienes dicen que el “gobierno amoroso” está enseñando el cobre, que su discurso antipobreza no es más que una meta corta con objetivos electorales, o que simplemente los afectos son más efímeros de lo que muchos suponían.
Cualquier cosa que sea, lo obligado es que el gobierno federal no deje sin respaldo a las madres que requieren de ese servicio debido a su trabajo, y que si es necesario adelgazar una obesa y sospechosa burocracia para que los beneficios logren su cometido, hay que hacerlo sin miramientos, pues no será el primer programa social al que de un peso se utilice 50 por ciento o más para “gastos de administración”.
Por el bien del gobierno y de las mujeres y familias favorecidas, se impone una mayor eficacia para ejecutar decisiones que sin duda terminan por afectar a inocentes.
