En estos tiempos de un cambio radical en los medios nacionales (prensa, radio, tv y electrónicos) que impone la era lopezobradorista de la comunicación, y en honor a los principios de la Cuarta Transformación “no mentir, no robar y no traicionar”, el Congreso tiene el inalienable derecho, y la obligación, de legislar para que los directivos, accionistas y propietarios de los mismos no sólo hagan una declaración de bienes sino que entreguen cuentas de cómo se aplica el dinero de la publicidad en la generación del bien que debe servir a la sociedad, que aunque privado, tiene su columna vertebral en los dineros que son del pueblo y que salieron del erario por concepto de comunicación social.
Hay medios que nacieron con el giro de sociedad anónima, bajo un concepto totalmente comercial y decidieron proyectarse como empresa, verse como patrones (y hasta capataces de su plantilla laboral). Entonces ¿por qué le apostaron a vivir en casi un ciento por ciento de los dineros de la publicidad del Estado, dejando de lado, en buena medida, la publicidad que también dan los consorcios privados y las grandes corporaciones mundiales?. Cabe preguntarse dónde estuvo la falla. O el oportunismo.
Todo el dinero público que sale de los impuestos que genera el pueblo debe ser auditado en todas sus formas. Los medios tienen la obligación de servir a la sociedad antes que ser entes de uso político o partidista. Y si viven de los impuestos que los ciudadanos generamos deben rendir cuentas del uso de los mismos y dar a conocer su patrimonio pues algunos ejecutivos que iniciaron como repartidores en bicicleta ahora son magnates intocables, por ejemplo.
El periodista Miguel Badillo, en su columna “Oficio de papel”, desglosa con el título “Festín de medios con publicidad oficial: Peña les dio 52 mil millones”, cómo durante la última administración priista federal se repartió ese dinero público para los dueños de grandes consorcios de medios de comunicación: televisoras, radiodifusoras y periódicos.
El desglose de ese dinero, cita el director de Contralínea, fue de 51 mil 893 millones 753 mil pesos, de los cuales 47.6 por ciento fueron recibidos por siete medios de comunicación: Grupo Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, Grupo Fórmula, El Universal, Organización Editorial Mexicana (El Sol de México) y Grupo Milenio. O sea 24 mil 729 millones 796 mil pesos, “prácticamente la mitad de todo el presupuesto destinado para medios”.
Cita Miguel Badillo que “en los 6 años del gobierno anterior, el Congreso le había autorizado al Ejecutivo un gasto total de 25 mil 670 millones 414.1 mil pesos; sin embargo, el entonces presidente decidió incrementarlo en 26 mil 223 millones 339 mil pesos (102 por ciento), con lo cual benefició aún más a sus ´amigos´ dueños de medios”. Esa cifra contrasta, por mucho, con los 4 mil 250 millones de pesos que para este año asignará el gobierno de López Orador a medios, según el jefe de Comunicación Social del gobierno federal, Jesús Ramírez, en entrevista para Contralínea.
La entrega de publicidad (“sujeta a investigación por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para determinar si hubo actos de corrupción”) se puede clasificar en cuatro grupos, “para comprender la desorbitante cantidad de dinero de los contribuyente que fue a parar a los bolsillo de los magnates de los medios”.
“En un primer grupo están los siete medios mencionados, a los cuales el gobierno les repartió entre 1.1 mil millones y 10 mil millones de pesos a cada uno. El otro 50 por ciento del presupuesto para publicidad se le otorgó al resto de la prensa.”
El periodista Miguel Badillo asienta que “en un segundo grupo se clasifica, de más a menos, a 13 empresas (en su mayoría periódicos) que recibieron en el sexenio anterior entre 100.1 millones y 1 mil millones de pesos cada una: Grupo Radio Centro, Grupo MVS, Grupo Radiorama, periódico La Jornada, Grupo Acir, El Financiero, Reforma, El Economista, La Razón, Grupo Expansión, el portal SDP Noticias; 24 Horas y Publimetro.
“A un tercer grupo de medios de comunicación le asignaron entre 50.1 millones y 100 millones de pesos a cada uno: El Heraldo de México; revistas Nexos y Siempre.
En un cuarto grupo se ubican las revistas que menos recursos recibieron en los 6 años de gobierno, entre 1 millón y 49 millones de pesos cada una: Voz y Voto; Este país; Contralínea; Líderes Mexicanos;Etcétera; Proceso; Personae, y una revista que se llama Eduardo Ruiz Healy. En un quinto bloque aparecen 13 columnistas que mediante portales en internet negociaron con el gobierno de Peña Nieto el cobro de partidas presupuestales discrecionales como publicidad.”
Miguel Badillo concluye que “con esa arbitraria distribución del gasto publicitario puede explicarse porque algunos medios tuercen su línea editorial y escriben a favor del gobierno.”
“El presidente de la República debe saber que el periodismo no puede ser conceptualizado como un vil negocio para acumular fortunas personales o de grupo, porque eso va contra la propia esencia del periodismo, el cual tiene como único y verdadero interés servir a la sociedad y a nadie más. Por eso López Obrador debe frenar el escandaloso enriquecimiento con dinero público de los dueños de medios de comunicación.”
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí le preocupa la viabilidad de los medios de comunicación. “Son muy importantes los medios. Nosotros tenemos que ayudar a que existan los medios, que haya información, que no fracasen, que puedan ser al mismo tiempo fuentes de trabajo para comunicadores; porque si se cierra un medio, se quedan sin trabajo quienes cumplen una función social que es la de informar”.
López Obrador no quiere que se cometan actos arbitrarios y se deje sin empleo a trabajadores de la comunicación.
Seguramente no ignora que en el diario La Jornada, sin cerrar, éste lleva a cabo una purga de trabajadores sindicalistas. Antes, despidieron a su entrañable amigo, al que le hizo honores públicos, Jaime Aviles (q.e.p.d.) quien hizo denuncias muy serias sobre la ética de la dirección y la jefatura de edición como la que versa así:
“Qué mala decisión tomaron Carmen Lira y su patibulario número dos, el tránsfuga de ETA o de Grapo, el acaudalado Josetxo Zaldúa, corrupto entre los corruptos, capataz de mis queridos compañeros de redacción y de oficio, al negarse a investigar y denunciar la masiva compra de votos que llevaba a cabo el PRI, en preparación del fraude que ahora ha arrastrado a México hasta la orilla de un abismo en que tal vez nada podrá evitar que se hunda, si se concreta la privatización de Pemex.”
El actual gobierno deberá no sólo procurar lo dineros públicos que considere necesario para la manutención de los medios sino también que entreguen cuentas claras, en lo económico, y derechos humanos y laborales para que esa permanencia que garantice el Estado sea integral al garantizar la estadía digna de la clase trabajadora en los mismos.
*Presidente de la ONG Franature
