Lo sucedido el pasado jueves en Culiacán durante el “operativo” para proceder a la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquin “Chapo” Guzmán, ha dejado una espesa humareda que, no obstante, ha permitido lanzar un par de preguntas para tratar de esclarecer la situación: cuando el ahora reo de por vida fue aprehendido, primero en febrero de 2014 en Mazatlán y luego reaprehendido en enero de 2016, en Los Mochis, no hubo siquiera una sola piel lastimada. ¿Por qué?
En el lenguaje del crimen organizado, fue obvio que al “Chapo” lo “pusieron” sus socios, es decir, fue “traicionado” y “sacrificado” por todo un sistema político-económico y no hubo nadie que facilitara esta vez escapes rocambolescos en carritos de lavandería.
El supuestamente “fallido operativo” contra el hijo del capo sinaloense implica preguntarse entonces: ¿por qué en esto no sólo hubo muertos, sino el repliegue de las fuerzas del orden frente al despliegue paramilitar de sicarios fuertemente armados para “liberarlo”?, y, sobre todo, ¿desde dónde, quiénes, “pusieron” al “Chapito”? ¿Fueron los mismos que “pusieron” al padre?
De entrada, estos dos sujetos y muchos más como ellos no existirían si no contaran con el “respaldo” tanto del gobierno como de grupos inversionistas, beneficiarios en diversas formas, entre las más visibles: la “protección” para desempeñar abiertamente actividades consideradas ilícitas -la producción, venta y distribución de drogas, principalmente-, con un gigantesco aparato político, policiaco, judicial y hasta social, detrás.
La otra, también muy focalizada, el “lavado de dinero” producto de esas ilegalidades, contando con un corrupto aparato financiero que facilita la circulación de millonarias ganancias -en dólares- y la consecuente compra o pago de favores y lealtades, a grado que los mismos delincuentes se dan el lujo de lanzar advertencias contra los traidores que “tragaron de sus manos”, como sucedió tras las acciones en Culiacán.
¿La actividad delincuencial, esta visible guerra de cárteles “político-delincuenciales-financieros”, ha impactado el crecimiento económico en el país, tal como han sugerido directivos de organismos financieros internacionales?
A nivel de grandes ligas no hay evidencias porque el crecimiento de no más del 2 por ciento se ha sostenido a lo largo de 36 años, donde sólo en los últimos 13 se ha mostrado una violencia con una estela de cadáveres sólo comparable a la de movimientos sociales armados.
Y porque si algo saben hacer los “inversionistas” es moverse en otras esferas cuando los vientos soplan en contra. Para esto, no en balde existen casinos financieros para darle circulación al dinero, como la compra de bonos de deuda gubernamental o los “paraísos fiscales”, favoreciendo la acumulación por la acumulación mediante esta vía, esto mientras llega alguna oportunidad de “obras” -como el NAIM- y proyectos “petroleros” u otros.
Donde sí debe revisar el impacto es en otro nivel, donde el mediano y pequeño empresario no sólo son víctimas de la actuación de los grupos criminales, vía robo, extorsión, secuestro, cierre, etc., sino del exceso de gobierno y su amplio catálogo de regulaciones.
Pero de esto, a pesar de su importancia, es lo que menos ha importado a la hora de hablar de indicadores de crecimiento.
