Algo debe hacerse de inmediato para evitar afectaciones mayores a quienes padecen enfermedades, sobre todo las llamadas crónico degenerativas, cáncer, diabetes y VIH SIDA, entre otras, pues no se puede esperar a que las autoridades federales y estatales terminen de ponerse de acuerdo sobre la sustitución del programa Seguro Popular y el nacimiento del Instituto de Salud y Bienestar (Insabi) para recibir atención.
Son miles de personas las que dependían de la cobertura que les ofrecía el Seguro Popular para atender sus padecimientos. A partir del primer minuto de este año, se quedaron sin esa protección y, por lo tanto, expuestos a que sus enfermedades se agudicen. En la mayoría de los casos carecen de los recursos económicos necesarios para atenderse en algún hospital privado.
Los “damnificados” del Seguro Popular no estaban ahí por ganas o por conveniencia, sino porque son personas que no cuentan con el dinero necesario para recurrir a la iniciativa privada en busca de atención médica; por ello, dejarlos a la deriva implica un grave riesgo, pues el primer efecto previsible será que empeore su estado de salud y las enfermedades avancen pero, en segundo término, las consecuencias podrían resultar fatales.
Es por eso que, más allá de las posturas políticas que siempre implican en este tipo de conflictos entre un Presidente de la República de un partido político y gobernadores en los estados de otras opciones electorales, se debe anteponer la salud y el bienestar de los mexicanos a quienes se está poniendo en riesgo con esta situación.
Qué bueno que al Gobierno de México le guste cambiar de nombre a los programas y le ponga sus propios ingredientes para dar un “toque personal” a su forma de hacer política, pero es importante que considere que en esos cambios de forma, de nombre, de estructuras, no se puede poner en juego la vida de las personas.
Es hora también de que los gobiernos de los estados, más allá de posiciones políticas y electoreras, se sumen y vean la forma en que se atienda a los pacientes que quedaron sin protección médica, aunque luego se pongan de acuerdo sobre cómo le van a hacer para que el gobierno federal les recupere el recurso que se invierta en ese propósito.
En un Estado “ideal” no debería haber distinción para que ningún mexicano acceda a los servicios elementales de salud; sin embargo, en el mundo real las cosas son muy diferentes, tenemos una infraestructura clínica y hospitalaria vieja y desarticulada en la cual solo se “medio-atiende” a quien urge mantener vivo.
No hay medicina preventiva en nuestro país, se siguen vendiendo frituras y todo tipo de comida chatarra en las escuelas, lo que contribuye al desarrollo de enfermedades como la obesidad, sobrepeso y sus consecuencias en hipertensión, diabetes y otros padecimientos.
Así es que no se trata solamente de un asunto administrativo, de quién paga y cómo paga las consultas, se trata de un problema estructural que parte desde la prevención de las enfermedades y la forma de cómo éstas se atienden desde la primera vez, pues pesar de lo dicho desde hace muchos años todavía se carece en México de un expediente electrónico universal que pueda hacer realidad la promesa de poder recibir atención en cualquier institución médica.
Ahora lo importante es brindar la atención necesaria a esos mexicanos que se quedaron sin la protección del Seguro Popular. Urge procurar que la administración del nuevo Instituto de Salud y Bienestar opere de forma eficiente lo más pronto posible y que las autoridades federales y estatales dejen sus diferencias para mejor ocasión. Deben recordar que la salud es primero.
