Ciudadanos de al menos diez estados de la República deberán pagar durante más de tres siglos las deudas que sus gobernantes contrataron ya con la banca comercial, principalmente, o con la banca de desarrollo.
Lo peor de ello es que poco o nada se sabe del uso que se dio a todo ese dinero comprometido. La opacidad tanto de los prestatarios como de los prestamistas, es decir, de gobernantes y banqueros, emerge como un dique para conocer qué sucedió, a lo que sigue el tufo inconfundible de la impunidad.
De entrada, transparencia y rendición de cuentas en tiempos de supuesta democratización de la vida pública cancela los derechos fundamentales de los ciudadanos a ser informados.
Y según diversos estudios, tanto de fundaciones como de instituciones públicas, hay diez entidades donde las generaciones actuales y varias venideras ya saben lo que es pagar sin haber obtenido ningún beneficio, o muy poco, hecho que se enmarca en la conocida teoría de la “deuda odiosa”, llamada eufemísticamente “deuda subnacional” por organismos internacionales y regionales.
Por ejemplo, si las cosas se mantuvieran como están y las nuevas y siguientes autoridades no incurrieran en nuevos préstamos (asunto complicado porque varias van a recurrir a refinanciamientos, es decir, a contratar deuda para pagar deuda), Coahuila y el “Moreirazo” (por los hermanos Humberto, principalmente, y luego Rubén) con los más de 30 mil millones de pesos van a significar 325 años para terminar de pagar ya que al año destina poco más de 75 millones para su amortización, esto es, al pago del capital (los intereses se cuecen aparte).
Luego aparecen, igual, calculados en años, los pasivos de Durango (125 años), Campeche (79), Tamaulipas (65), Zacatecas (61), Veracruz (59), Baja California (56), Nayarit (40) y Puebla (37).
Otras entidades tardarán menos: Sinaloa (28), San Luis Potosí (22), Tabasco (21), Morelos (19), Quintana Roo (18), Aguascalientes (16), Jalisco (16), Michoacán (16) e Hidalgo (11).
Aquí cabe decir que con cifras del segundo semestre del año pasado emitidas por parte de la Secretaría de Hacienda, la deuda de entidades federativas, municipios y sus entes públicos, alcanzó los 595 mil 789 millones 900 mil pesos.
Y que entre las entidades más endeudadas se encontraban Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Estado de México y Veracruz, las cuales sumaron, en conjunto, 53.5 por ciento del total, aunque en el caso de la capital del país y la entidad mexiquense los plazos para terminar de pagar sus adeudos se estimaron en un año y nueve años, respectivamente, si bien el impacto del pago del servicio y amortizaciones anuales es muy significativo en sus presupuestos, cancelando obras y prestación de servicios.
Los estados menos endeudados eran Tlaxcala, Querétaro, Baja California Sur, Aguascalientes y Campeche, que totalizaron todos juntos solo 1.3 por ciento de la deuda.
Es cierto que la Ley de Disciplina Financiera del año 2016 vino a poner coto al festín salvaje de contratación de deuda con los bancos por parte de los estados, pero también es verdad que con ello se otorgó impunidad a quienes incurrieron en eventuales desaseos y nunca transparentaron ni rindieron cuenta de esos créditos (total, tres siglos se pasan pronto).
