México entró a la novena semana inmerso en la pandemia por coronavirus. Los primeros 56 días muestran una incidencia baja del número de casos y decesos por Covid-19. Pero si nos comparamos con Estados Unidos de Norteamérica, persiste una inquietante duda sobre la veracidad de las cifras que nos ofrece cotidianamente el gobierno federal, ¿es real que aún no llegamos a 15 mil personas contagiadas?
Y es que el gobierno mexicano le apostó al modelo ‘Centinela’ , sistema de vigilancia epidemiológica que descarta aplicar pruebas de manera masiva a la población, a diferencia de lo que sucede en Italia, España o Estados Unidos, este último, país donde han realizado cuatro millones 600 mil pruebas a la población.
El 9 de abril, Hugo López Gatell, subsecretario de Salud y vocero oficial en esta crisis de salud, reconoció que el número de contagiados –en ese momento poco más de tres mil- podría ser superior hasta en ocho veces. Eso significa que en ese momento tendríamos casi 25 mil personas infectadas y que en este momento estaríamos llegando casi a las cien mil.
¿Eso significa que nos están engañando? Si así es, ¿qué busca el gobierno federal con semejante desatino?
Primero hay que considerar que una prueba de laboratorio para conocer si una persona está infectada cuesta en un laboratorio particular desde 2 mil 500 hasta 6 mil pesos. Si el gobierno federal decidiera impulsar una política masiva de pruebas tendría que destinar recursos económicos que no tiene o que prefiere entregárselos como dádivas a las personas en situación de vulnerabilidad o, peor aún, prefiere destinar esos recursos –como ya lo anunció López Obrador- al blindaje de sus proyectos prioritarios.
Además, México se enfrenta a otro problema. Aun si hubiera voluntad para realizar miles de pruebas, no existen los suficientes insumos y reactivos para hacerlo, por eso las limitantes.
Los especialistas en epidemiología y en estadística coinciden que a mayor número de pruebas, resultarán mayor número de casos positivos. Entrevistado por la BBC, Carlos del Río, ex director ejecutivo del Consejo Nacional del Sida de México, considera que es fundamental hacer más tests para saber realmente lo que está pasando, “cuando hagan más pruebas, habrá más casos”, dice.
En defensa del modelo ‘Centinela’, el gobierno federal considera que desde el punto de vista clínico, no ayuda mucho saber si un paciente tiene o no coronavirus. Claro, eso dice, pero desde otra perspectiva, hay que resaltar que en las últimas semanas han aumentado las defunciones por ‘neumonía atípica’ y son consideradas de esa manera porque, como no les hicieron prueba del coronavirus, los pacientes fallecieron sin que los médicos supieran en realidad si eran portadores del Covid-19 y sin análisis no hay forma de que ellos extiendan acta de defunción alegando muerte por esta causa.
Entonces podemos decir que hay parte de incapacidad que lleva a la mentira y manipulación en el manejo de números, porque no se han dado a conocer cifras de los muertos por neumonía atípica. Y entonces parece que, ante la pandemia que ha cobrado miles de vidas en el mundo, en México nos hace lo que el viento a Juárez.
Dejando de lado las estadísticas, vale considerar que a los gobiernos les ha faltado habilidad para dar a conocer los alcances del coronavirus y sus consecuencias entre la población, porque a pesar de declararse la Fase III, mucha gente sigue en la calle realizando sus actividades de manera normal, sin ningún tipo de precaución.
En algunos lugares, los alcaldes tuvieron que hacer uso de la fuerza pública como medio de disuasión para que la gente cerrara negocios no esenciales, y también para el levantamiento de vendedores ambulantes.
Pero si el gobierno no estaba preparado para atender la contingencia menos la gente.
El Instituto de Salud para el Bienestar anunció recientemente que busca adquirir más equipamiento médico para la atención de la emergencia epidemiológica, como ventiladores adulto-pediátrico, monitores de signos vitales y rayos X portátiles y de ultrasonido point of care, lo que es es una muestra de la improvisación, pero también de lo que nos espera. Efectivamente aún no llegamos a lo peor, a la etapa de mayor contagio.
Mientras México vive en la desinformación, los gobernadores de Tamaulipas, Michoacán, Durango, Coahuila y nuevo León pidieron al gobierno federal que cancele sus proyectos del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía para que los recursos etiquetados para ellos se reasignen a servicios de salud y a contener la crisis económica.
Francisco García Cabeza de Vaca, Silvano Aureoles, José Rosas Aispuro, Miguel Riquelme Solís y Jaime Rodríguez se hicieron eco de la iniciativa de empresarios y advirtieron que en el tiempo que dure la epidemia se perderán miles de empleos y miles de empresas y negocios quedarán a la deriva, por lo que es necesario inyectarle recursos a la planta productiva.
Y es que pareciera un clamor generalizado de la sociedad para eliminar esos proyectos que no son prioritarios para el desarrollo de la nación, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha obsesionado con ellos y para él sí son prioritarios.
Veremos que nos depara la pandemia esta semana, ya muy inmersos en la temida Fase III. No esperemos gran cosa del gobierno, así que ¡a seguir cuidándonos porque viene la etapa de mayor número de enfermos!
