No hay, por el momento, noticia más interesante que la que se refiere a la firma del acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se formaliza la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública.
A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Alfonso Durazo, señaló que requiere del apoyo de las Fuerzas Armadas para lograr hacer frente a la delincuencia en el país.
Según la dependencia, la Guardia Nacional se encuentra aún en proceso de consolidación, con las dificultades que le representa el despliegue en todo el territorio nacional, en ese sentido destacó que se requiere del apoyo que obrará en consecuencia, y que de acuerdo al documento firmado por el titular del ejecutivo federal, será hasta el 27 de marzo de 2024.
De conformidad con el decreto, el Ejército y la Marina realizarán tareas de prevención en la comisión de delitos, así como para salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio, y garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, tarea que corresponde a las autoridades civiles.
Por lo mismo, para una buena parte de la sociedad, el acuerdo representa un acto flagrante de desafío a lo que se había establecido en la reforma publicada el 26 de marzo de 2019, en el que se marcó el inicio de la existencia de la Guardia Nacional, cuya principal condición fue la de operar bajo el mando de la autoridad civil.
El inicio las actividades de la Guardia Nacional dejó más dudas que certeza, no contaban con el adiestramiento y la cohesión necesaria, a pesar de que el cuerpo se formó con elementos del ejército y de la extinta Policía Federal, de los que no debe caber la menor duda de su preparación, pero la función que deberían desempeñar mostraba muchas deficiencias.
Las manifestaciones de los elementos de la Policía Federal así lo dejaron ver, las nuevas condiciones no les favorecieron en absoluto, el despojo de su estatus anterior aceleraron una sería de renuncias, fueron desdibujados e ignorados, a lo que debe sumarse su sometimiento a las fuerzas castrenses.
El combo del ejército con las fuerzas de seguridad civil, pudo mantener cierta coordinación en base a que cada quién obedecía a sus superiores, quienes se ponían de acuerdo para llevar a cabo las tareas encomendadas, logrando con ello, implementar la logística a seguir.
Pero ese trabajo ya lleva tiempo en la práctica, por eso mismo, el ejército requería contar con las herramientas legales bien definidas para poder llevar a cabo las labores de seguridad. Tema que por años no pudo llegar a buen término, hasta las reformas a la Constitución ya señaladas, con lo que se le dio la certeza jurídica que reclamaban.
Sin embargo, no pasó mucho tiempo para ver actitudes bochornosas por parte del “pueblo bueno y sabio” en contra de los elementos de la nueva Guardia, derivado de la indicación de no combatir el fuego con el fuego y de “abrazos y no balazos” ordenado por el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República.
Las vejaciones que sufrieron los elementos, y que se mostraron en fotografías y videos, publicadas en redes y medios de comunicación, que fueron tomadas incluso, hasta por los propios agresores, molestó, no sólo a sus compañeros que impotentes veían las escenas, sino a la sociedad en general, que incrédula era testigo de algo impensable en otros tiempos, porque con ello, se ofendió a una de las instituciones de mayor respeto para el mexicano.
Desafortunadamente esas escenas se repitieron a lo largo y ancho de la República Mexicana, las manifestaciones de inconformidad de algunos elementos fue acallada, al parecer, por sus superiores, el enojo de la sociedad no se hizo esperar, pero a pesar de todo, las indicaciones no cambiaron.
Supuestamente los ataques a los elementos de la Guardia provenían del pueblo, y vale preguntar, ¿cuál pueblo? Porque a decir de varios testigos, había gente del crimen organizado mezclados entre los pobladores, difícil adivinar quién era quién, el sometimiento dejó una huella profunda en el orgullo de militares y sociedad.
Mientras tanto, el Comandante Supremo anunciaba una y otra vez, que no combatiría el fuego con el fuego, que esa época ya se había terminado, que no iba a declarar la guerra a los grupos criminales, como los de antes, aunque con ello, ofrecía casi en sacrificio a los elementos disciplinados.
La estrategia, si se le puede llamar así, de abrazos y no balazos, rebasaron las fronteras, y puede presumirse que no es una condición digna de presumir, pero de esta manera se dio a conocer en el mundo.
Bueno, pues dicha “estrategia” no funcionó, más bien ha sido un rotundo fracaso, las estadísticas así lo confirman, el nuevo gobierno ha superado cualquier pronóstico. El año pasado terminó siendo el más violento de tiempos recientes, y este año no pinta mejor, es el mes de marzo considerado como el peor, los asesinatos crecieron el 8.4% respecto del mes previo, sumando 2 mil 585 homicidios dolosos, de acuerdo al informe de la SSPC, a pesar de la cuarentena por el Covid-19.
A la luz del indicador, y que la gran cantidad de discursos ofrecidos todos los días no mejoran el panorama, sobre todo, porque en ellos se dedica más tiempo en atacar a medios de comunicación, empresarios y profesionistas, ya que las bandas delincuenciales no se tocan ni con el pétalo de una rosa. ¿Para qué entonces lanzar el acuerdo?
La respuesta puede ser tan simple o complicada según se quiera ver, es difícil esperar que la indicación en razón del acuerdo, sea la de ir tras las células delincuenciales y cárteles de drogas, porque no lo ha hecho el mandatario en lo que lleva de administración, y ¿entonces? Bueno, como resultado de las malas decisiones frente a las crisis que azotan a todo el mundo, y por ende a la nación azteca, el saldo por la defectuosa atención de la pandemia del Covid-19, y el tsunami económico consecuente, avizora un posible conflicto social.
