El artículo cuarto de la Constitución mexicana fue reformado debido a que de manera discursiva busca garantizar un apoyo económico, becas y salud. Pareciera que esa reforma es algo que podría impulsar los derechos humanos, pero si lo vemos desde la ciencia jurídica, observamos la subordinación de la Constitución al poder ideológico porque se hacen las reformas de lo que obstaculiza o dificulta al poder de un grupo determinado, incluso aunque sean derechos humanos, para que se vuelva operativo el Derecho que se cree que puede beneficiar, pero solo de algunos cuantos.
La facilidad con la que se modifica la Constitución hace peligroso incluso tenerla como una norma jurídica superior, debido a que la convierte en una ley que no puede ser impugnada por nadie, lo que hace que no exista una Democracia Restaurativa; en realidad tantas modificaciones convierten a nuestra norma fundamental en una norma jurídica que transgrede derechos humanos, porque nos encontramos con la decisión política de una parte del grupo político en el poder.
Mediante un discurso que pretende culminar con la pobreza, por parte del Poder Ejecutivo. La realidad es que se excluye a todos los mexicanos de tener una democracia sustancial que vaya relacionada con el cumplimiento de las necesidades de las personas, lo que genera que la Constitución se utilice, no con vistas a la protección de las personas, va más enfocado a la decisión de una persona que tiene el poder político, y que no existe una oposición racional para su defensa.
La idea de que la Constitución mexicana sea una norma jurídica secundaria, pone al alcance del elemento más grande en protección de los derechos de las personas, que puedan ser modificados, debido a que ahora es más visible que la Constitución puede decir cualquier cosa, incluso que las personas pueden vivir eternamente o que dejas de ser persona al no tener las características del grupo de poder político que sirve de representante con lo cual se pretende mantener en el poder, debido a que son los votos que se necesitan.
La Constitución ha perdido su importancia dentro del sistema normativo, al generar la posibilidad de que se modifiquen los derechos para que se cumplan los intereses que no están relacionados con el bien común de la sociedad o de todos los grupos socioeconómicos. La Constitución es una pieza fundamental para controlar los poderes fácticos, así como económicos, y evitar que se beneficien solo unos cuantos utilizando a los más necesitados como la justificación de todas las medidas o cambios esenciales de la protección de los derechos de las personas.
*Doctor en Derecho por la UNAM, con Mención Honorifica, y Posdoctorado con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, profesor de Derecho Constitucional, Fiscal y Argumentación Jurídica en el Posgrado en Derecho de la UNAM, investigador en materia de derechos humanos, Twitter: @obregon_levi, y canal de You Tube.
