Muchos países considerados como potencias económicas, han sido evidenciados por el COVID-19; el Estado Mexicano no es la excepción de hacer más visible la falta de cumplimiento de necesidades para la sociedad y el Estado Mexicano, debido a que no existe efectividad en las decisiones que se deben tomar del COVID-19. El plan es que no hay plan, ni protocolo, ahora comienza una carrera por regresar a la nueva normalidad, aunque los semáforos tengan diferentes colores en diversas entidades federativas.
Ya platicamos en otras ocasiones que en el campo de la aplicación de Justicia laboral, que se relaciona con la pérdida de empleos, modificación de políticas públicas o seguridad pública, falta de insumos médicos, así como de personal de la salud en los hospitales públicos, incluso las universidades retiraron a sus estudiantes de medicina de los hospitales públicos debido a que no existen las condiciones para desarrollar su práctica. Desde que comenzó la crisis generada por la pandemia, el gobierno mexicano no se ha apegado a la Constitución, ha aplicado incluso decisiones que no tienen base Constitucional, es por ello que se transgrede el principio de proclamación del artículo 29 Constitucional.
Dejar que los Estados o entidades federativas, tomen decisiones en cuanto a la cuarentena, en realidad evidencia la falta de cumplimiento a la Constitución por parte de las autoridades federales, y un mal entendido federalismo que transgrede todo el sistema normativo, debido a que no se genera la certeza jurídica a la población de cuándo concluirá a nivel nacional el “aislamiento voluntario”; el caos vial, característica en las vías de comunicación como carreteras, periférico, circuito, o cualquier calle, la inventiva de toma de decisiones, no sólo deja ver la desorganización gubernamental, sino también el riesgo que pone a la población.
Después de lo que se ha vivido con el COVID-19, en realidad ¿cuál es la modificación que existe en la legislación de los trabajadores?, ¿cómo se recuperaran los empleos perdidos?, estamos en una visible estrategia populachera, dice el jefe del Ejecutivo "le vamos midiendo el agua a los camotes". Si la población se enferma volvemos al aislamiento social, los mas de mil decesos de diarios en realidad son una actualización tardía de la información, siempre hay una respuesta para todas las ocasiones aunque sea contradictoria a la que se dio al cuestionamiento anterior.
La política es una herramienta para la Democracia Deliberativa, es decir, de intercambio de posturas, así como inclusión de diferentes ideologías y grupos sociales; es difícil saber cuál será la postura gubernamental, debido a que en los planes, como lo es el recorte de recursos económicos o la inversión a los planes de desarrollo propuestos por el poder ejecutivo, son temas indecidibles, en estos no se pueden dar un paso atrás, deben continuar, de la misma manera la inseguridad de que cada Estado establezca su semáforo en el día en que mayores decesos existieron, lleva a pensar con justa razón, para qué nos resguardamos, si el presidente o el Consejo de Salubridad le dan la libertad a quien en realidad no tienen la facultad constitucional ni mucho menos los datos más a detalle de los enfermos y decesos a causa del COVID-19.
*Doctor en Derecho por la UNAM, con Mención Honorífica, y Posdoctorado con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, profesor de Derecho Constitucional, Fiscal y Argumentación Jurídica en el Posgrado en Derecho de la UNAM, investigador en materia de Derechos Humanos, Twitter: @obregon_levi, y canal de YouTube.
