A raíz del atentado ocurrido la semana pasada al Secretario de Seguridad Pública de la CDMX Omar García Harfuch, se pusieron sobre la mesa un sin fin de hipótesis respecto del ataque perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Un ataque que, sin duda, resultó un hecho sin precedentes. Ubicado en una de las avenidas más importantes de la capital del país y con un arsenal de guerra que, de no ser por la falta de entrenamiento o precisión de los gatilleros y a un blindaje nivel cinco plus, la historia sería otra.
Este hecho pone de manifiesto el poder que tiene el CJNG, el cual dejó en claro la vulnerabilidad de un Estado mexicano carente de una verdadera estrategia de seguridad y bajo un sistema de corporaciones debilitadas. O ¿cómo explicar que se haya podido orquestar un ataque de tal magnitud en la ciudad más importante del país?
Hoy en día, el CJNG es una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Un Cártel que tuvo como escuela al “Chapo” Guzmán y que, gracias a su líder Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” fue ganando terreno aprovechando la fragmentación y reorganización de otros grupos criminales. Luego de 5 años se posicionó como una amenaza internacional, colocando a su líder en la primera posición como el hombre más buscado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y cuya recompensa es de 10 millones de dólares por su captura.
Por lo que, alrededor de este atentado, surgen una serie de causales que pudieran dar pie a su cometido, algunas de ellas: (i) los golpes por parte de la dependencia de García Harfuch al narcomenudeo que proveía el Cártel; (ii) represalia por la extradición de Rubén Oseguera (hijo del “Mencho”); (iii) el arresto de más de 600 personas vinculadas a ellos en Estados Unidos; (iv) una aparente tregua por parte del gobierno federal con el Cártel de Sinaloa (aquél famoso saludo a la mamá del “Chapo”); y (iv) el reciente congelamiento de cerca de 2,000 cuentas bancarias en las que se movían alrededor de 21 mil millones de pesos y más de 659 millones de dólares.
Si bien, estas pueden ser algunas de sus razones y molestias, la pregunta es ¿por qué atacar al jefe de seguridad de la capital del país asumiendo todas las implicaciones que esto generaría? De acuerdo con analistas del CIDE, existen tres perspectivas sobre los ataques a políticos y agentes del Estado: 1) Cuando los grupos criminales son el blanco de operativos de seguridad y sus liderazgos se ven amenazados o debilitados; 2) cuando se necesita amedrentar a políticos que protegen a sus rivales; y 3) cuando necesitan ganar control territorial, controlar recursos, extraer rentas, etc.
En resumen, el CJNG reune todos los elementos para desafiar con tal magnitud al Estado Mexicano. Tanto así, que este grupo criminal ha venido enviando mensajes de su poderosa presencia, impunidad e intención de expansión, como lo fue el reciente asesinato a un juez federal y a su esposa en Colima; los constantes enfrentamientos que han dejado decenas de muertos en Sinaloa, Sonora, Zacatecas y Guanajuato.
Nadie desconoce que en los tres poderes y en los tres órdenes de gobierno impera un gran margen de impunidad y corrupción, bajo la cual las organizaciones criminales se sienten protegidas, incluso una vez que son capturadas. Son evidentes las carencias de políticas de seguridad, vemos un Ejecutivo Federal que subestima el conflicto, la falta de unidad de mando, adicional a un gabinete federal en el letargo, así como descoordinación con los gobiernos estatales ¿Dónde queda el Estado de Derecho?
¿Cuánto más tendrá que suceder? Para que al Gobierno federal entienda que reducir la confrontación con la esperanza de disminuir la violencia, no funcionó. Es urgente la adopción de medidas, estrategias y cambios de raíz al interior de nuestras instituciones. Garantizar nuestra seguridad es obligación del Estado, de lo contrario seguiremos ante un fallido Estado de Derecho.
¿Reaccionará el Gobierno de la 4T o seguirá en “abrazos no balazos”?
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