Es por todos conocido que las campañas electorales en su mayoría están plagadas de irregularidades financieras, situación donde desafortunadamente la o las sanciones son casi nulas y que decir de las personas implicadas. Es así, que dentro del proceso electoral que se avecina, las autoridades centran su atención en las actividades y conductas que pudieran ser susceptibles de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por ello, a finales del mes pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentaron la “Guía para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante los procesos electorales”, la cual busca facilitar la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar, ayudar, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de lavado de dinero, así como sus delitos precedentes, particularmente los delitos y faltas electorales.
Es importante comentarles, que además de la participación de la Entidades Financieras, se suman también todas y todos aquellos que realicen actividades vulnerables, como son: compraventa de inmuebles, automóviles, joyas y obras de arte, los que se dedican a juegos y sorteos, notarios, corredores públicos, etc., para quienes justamente la semana pasada se presentó su propia guía.
Ahora bien, la decisión de la implementación de estas guías se toma con base en las irregularidades detectadas en procesos anteriores como lo fue el caso de la asociación Amigos de Fox, donde se desviaron recursos del erario para campañas electorales, o el uso de empresas fachada para el desvío de dinero público tal y como se hizo en la Operación Safiro de 2016; y por supuesto, el aumento en el uso de dinero en efectivo que casualmente se incrementa en un 6% en períodos electorales y cuya hipótesis es que este flujo de recursos es destinado para el pago de acarreo de votantes, compra de votos y demás ilícitos que no son denunciados a la autoridad.
Teniendo en cuenta que el próximo 6 de junio estaremos ante la que hasta ahora se vislumbra como una jornada electoral histórica, pues se estarán eligiendo a poco más de 21,300 cargos públicos, ¿imagínense la cantidad de dinero que se encuentra involucrado en los procesos electorales del país?
Entre los patrones de lavado de dinero y señales de alerta asociados con delitos electorales y faltas administrativas que se enuncian en estos documentos se encuentran: i) Personas Políticamente Expuestas (PEP´s) y asimiladas que realizan transacciones de manera irregular durante los procesos electorales; ii) Uso de empresas fantasma y factureras, o bien de reciente creación que realicen grandes volúmenes de operaciones; iii) Grandes transacciones en efectivo; iv) Compra masiva de tarjetas prepagadas, tarjetas de servicio y criptomonedas por parte de personas Precandidatas, Candidatas o relacionadas con ellas; v) Donaciones en las que el perfil de quien otorga el donativo no coincide con su capacidad económica; vi) Abogados y contadores especialistas en electoral que rompan con su perfil transaccional, entre otras.
Así también, plantea un seguimiento y observación constante en los movimientos y operaciones no solo de los PEP´s sino también de las y los Precandidatos, Candidatos o Dirigentes partidistas o sindicales y/o Servidores Públicos, Militantes de los partidos políticos, Clientes y Usuarios que estén relacionados con la política y por supuesto familiares y colaboradores involucrados en el próximo proceso electoral.
Pues bien, debemos reconocer el esfuerzo por parte de las autoridades en la lucha contra el lavado de dinero al interior de los procesos electorales, ahora esperemos que realmente se hagan las denuncias correspondientes y sobre todo la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) verdaderamente realice su trabajo.
Por ahora, no me resta más que recomendarles a todas y todos los que estén involucrados en los procesos electorales cuidar sus movimientos y operaciones, porque aunque no lo crean la SHCP conoce nuestra actividad financiera.
¿Conoces a alguien que financie campañas electorales?
Construyamos #CuentasClaras
