El grado de inseguridad que actualmente se vive en México es alarmante, ha venido en aumento en las últimas décadas debido al fortalecimiento de las bandas criminales cada vez más poderosas y sofisticadas, alimentadas por el limitado combate que en su contra sostiene el gobierno, con lo que ha dejado en el abandono a gran parte de los ciudadanos que sufren el acecho de este flagelo.
El tema de la seguridad pública no es menor, incluso, se puede decir que por tratarse de un derecho humano fundamental forma parte de la condición más elemental que el Estado debe garantizar a la sociedad, pues se relaciona con el respeto y la protección de múltiples derechos, como la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio, entre otros.
Resulta innegable que en la mayor parte de la República Mexicana la situación de inseguridad que somete la vida de las personas se debe primordialmente a la expansión de la delincuencia y a los elevados índices de impunidad, además de que un gran sector de la sociedad considera que la criminalidad ha desbordado a las autoridades y que está fuera de control.
Lo anterior, es inaceptable porque el Estado cuenta con las herramientas legales suficientes que respaldan su actuar, como hacer uso legítimo de la fuerza, no obstante, la sensación de abandono del pueblo es inevitable, en especial, de aquellas zonas alejadas en las que la única ley que prevalece es la de los criminales.
Es imperativo que se imponga el Estado de Derecho sin mayor dilación, para devolver la paz y tranquilidad a los mexicanos. Es verdad que el ciudadano debe poner de su parte y hacer las denuncias correspondientes, pero es el gobierno el que debe darle la confianza que necesita para no caer en el desánimo de considerar que no tiene ningún sentido en aras de que por encima de todo prevalece la impunidad.
Una de las condiciones en las que han fallado los gobiernos, ya sea federal, estatal o municipal, a las víctimas de la delincuencia, es la pobre atención que se les merece el espinoso tema para preparar un programa, con la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos de actuación, con elementos bien preparados y especialmente bien pagados, para hacer frente a los delincuentes.
Sin embargo; de acuerdo a los actuales resultados todo ha fallado, y tal parece que la consigna es al revés. Lo peor del caso es que son muchas las corporaciones señaladas por haber sido infiltradas, mientras que hay acusaciones de mandos por encontrarse coludidos con grupos criminales, empezando por las municipales, que son el primer contacto con las víctimas y los delincuentes.
Lo mismo sucede en los ámbitos estatal y federal, no hay ninguna corporación que no se encuentre bajo sospecha de tener negocios turbios con los delincuentes, y por supuesto, con la delincuencia organizada, pero, por otro lado; no se les ha fortalecido, y se les ha dejado en el abandono, quedan expuestos ante el poder de las mejores armas y organización con que cuentan sus naturales enemigos.
Si bien el abandono de las fuerzas del orden es añejo, no ha tenido un punto de inflexión para componer esa situación, y los intentos que se han hecho, quedan en el olvido porque no cuentan con el seguimiento de los nuevos gobiernos, que desechan, sólo porque sí, lo que hizo el anterior. Tanta arrogancia es criminal, porque va en detrimento de la sociedad, lo que bien podría aprovecharse, se pierde o se limita por no ser de su autoría.
El problema más grave que enfrenta México, es el crimen organizado y todo lo que representa. Por tratarse de un asunto federal, es precisamente la federación que debe coordinarse con las autoridades locales y municipales, desafortunadamente esa coordinación se ha vuelto mas política que objetiva, porque se somete, no se coordina. Se utiliza el apoyo que aparenta ser un favor, como medio de presión para doblegar gobernadores; así sucedió con los de Guanajuato y Jalisco, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y Enrique Alfaro Ramírez, respectivamente, cuando debería ser la federación la responsable de atender en principio este asunto.
El peligro que corre la sociedad en manos de la delincuencia organizada se ha venido recrudeciendo, desde los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, pero en el gobierno del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido un angustiante repunte. La inexistencia de estrategias han favorecido a las bandas criminales que se pasean por todo el territorio nacional en total libertad.
En la actual administración se han presentado cifras históricas que reportan el repunte de muertes violentas y de un aumento peligroso de los demás delitos, basta el ejemplo de las personas reportadas como desaparecidas, que suman del 2006 a la fecha 71,678. En lo que va de este sexenio se han reportado 27,871 personas desaparecidas o no localizadas. Pero para el presidente es importantísimo reunirse todos los días temprano con su gabinete de seguridad, y los gobernadores que no se presentan son exhibidos en sus mañaneras; como los de Guanajuato y Jalisco, aunque en realidad, las dichosas reuniones no sirven para nada, así lo han demostrado.
Ahora, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, debe poner especial atención en este tema, en razón a los acontecimientos de las últimas semanas, ya que en la capital del Estado aparecieron mantas con amenazas hacia el personal de la Fiscalía General de Justicia, aparentemente firmadas por el grupo delictivo identificado como “La Familia Michoacana”. Debido a que se reportaron dos incidentes: en el municipio de Almoloya de Juárez; un policía de Investigación y sus dos hijos menores de edad, fueron agredidos con disparos de arma de fuego y perdieron la vida. Posteriormente; 5 policías de investigación fueron atacados por un grupo armado en Ixtapan de la Sal, la entidad al parecer, está bajo la mirada del crimen organizado, no es nada nuevo, por lo menos desde hace dos décadas que en el sur del estado se han reportado actividades de ese grupo delictivo, mucho tiene que ver la vecindad de la entidad con Michoacán y Guerrero.
¿Qué hará el gobernador? el grupo representa un grave peligro y es la federación la que debe intervenir, pero como están las cosas, la ayuda, como así la ve el presidente, no es nada barata, ya que su deseo es lucirse y asegurarse las elecciones del año próximo, y tal vez, su reelección.
