El escándalo en torno de los sobornos a legisladores panistas (varios de ellos hoy flamantes morenistas) para que aprobaran la mal llamada “reforma energética” durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, es un pasaje crucial que impone trascender la mera rentabilidad mediática y el discurso oficial a martillazos contra la corrupción.
Lo anterior, porque en la semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que el video que presentó Emilio Lozoya, ex titular de Pemex, como prueba para acusar al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex Secretario Luis Videgaray sea exhibido para la “purificación de México”, si es que no tiene peso legal, expresó.
“Es importante que se conozca el vídeo, si existe, sería extraordinario que la gente vea, si es sobre dinero, cómo se repartía el dinero, cómo se compraban voluntades, cómo se compraban conciencias, cómo se compraban los votos, para no regresar a lo mismo”, dijo.
Se trata, según palabras presidenciales, de “estigmatizar a los corruptos, porque no es nada más castigarlos, sino que no se repita, prevenir la corrupción por el daño que causa”.
En efecto, este fenómeno es peor que el coronavirus y otros bichos, en el cual no es cosa menor que quien fuera presidente de la República esté involucrado casi en calidad de vulgar operador de un casino, dando instrucciones a su” croupier” para repartir cartas marcadas.
Pero el asunto debe ir más allá de la “bejaranización” (por René Bejarano) pues se trata de otra pandemia que se viralizó con toda ostentación y cinismo durante la mal llamadas “normalidad democrática”, iniciada ésta a finales de la década del siglo pasado y que fundamentalmente ha consistido en dejar pasar toda clase de trastupijes y triquiñuelas entre dirigentes políticos, siempre en menoscabo de los bienes públicos y del progreso ciudadano, pese a la pérdida de espacios de poder del ex partido (PRI).
Pretender difundir videos a la “Brozo-Bejarano” -con todo y ligas, personaje hoy rehabilitado, por cierto- de los supuestos sobornadores y sobornados, no resultará más que anecdótico, una especie de trapisondismo político para abonar a la popularidad, pero no moralizará a nadie ni purificará nada como cree el Presidente Andrés Manuel López Obrador, habida cuenta la rancia escuela neo-cínica que se desempeñó y se consolidó durante el neoliberalismo en nuestro país.
Presentarlos ante el agente del ministerio público, iniciar el proceso respectivo y proceder conforme a la ley, aportando evidencias, es otra cosa porque, en efecto, este capítulo de Lozoya, Odebrecht, Peña, Videgaray y compañía es uno de los más podridos en las últimas décadas, con consecuencias que hasta el momento no se han calibrado adecuadamente.
Y digo “uno de los capítulos más podridos” porque tiene más de dos décadas que cúpulas partidistas del PRI y del PAN, incluidos algunos personajes que nunca han dejado de golpear con la izquierda pero sin dejar de cobrar con la derecha, han dejado un penetrante olor a azufre en materia de “negociaciones políticas y legislativas”, todas siniestras y a nombre del “bien del país”.
Por ejemplo, el extinto Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, ex panista, recordó en su libro “La Mancha Azul” (Grijalbo, 2010) los señalamientos de sobornos en contra de varios integrantes de la burbuja del partido albiazul que negoció y votó a favor de ese engendro llamado Fobaproa en 1998, salvataje bancario que a la fecha seguimos pagando los contribuyentes (aunque algunos de los timadores hoy están rehabilitados como “inversionistas”, sin haber pisado la cárcel, como el ex banquero Carlos Cabal Peniche, “rescatista” de la aerolínea Interjet, además de promotor de “inversiones” con legisladores morenistas).
El caso es que Ortiz Gallegos dio cuenta de las publicaciones de la revista Proceso y el diario El Economista en las que se cinco legisladores panistas recibieron, cada uno, 10 millones de pesos por aprobar el monstruo neoliberal llamado hoy IPAB. Para cualquier mortal, esa cantidad es mucho dinero, pero frente al esperpento aprobado (cerca de 600 mil millones de pesos en ese entonces), son migajas ratoneras, igual que las que recibieron los presuntos sobornados panistas en el Congreso Federal y en el Senado.
Los presuntos “beneficiarios” fueron fustigados por Ortiz Gallegos porque nunca acudieron a los tribunales a defenderse de lo que ellos consideraban una acusación injuriosa, y porque nunca rechazaron todas la prebendas que recibían en el Congreso Federal, con gastos millonarios verdaderamente exóticos.
Dicho en otras palabras, los sobornos para aprobar leyes para beneficiar al neoliberalismo, a sus gerentes metidos de gobernantes y a personajes del poder económico, han sido el signo de los últimos años, y la “estigmatizacion” sólo ha servido para catapultar, casi como con las ligas de Bejarano, desprestigios y malas reputaciones (varios de los censurados por Jorge Eugenio figuraron luego como alcaldes y hasta como secretarios de estado con Vicente Fox).
Por ello el capítulo de los sobornos (con Lozoya, Peña, Videgaray y compañía, es decir, la cúpula panista y sus legisladores) para aprobar la reforma energética y privatizar la industria petrolera, no debe reducirse sólo a la simple exhibición de los corruptos.
Es de esperarse que no se repita el mismo camino seguido hasta ahora, esto es, que todo quede impune y que los involucrados terminen por ser “rehabilitados” (con todo lo cara dura que se necesita para ello y que a neoliberales y hasta personajes presuntamente de izquierda les sobra), pero el tono presidencial está sugiriendo justo otra cosa.
