Este análisis parte de la mera especulación y plantea el caso hipotético de que ante la contingencia sanitaria por Covid-19, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral decida abordar en próximas semanas la discusión sobre la suspensión y/o aplazamiento de los comicios programados para este año en el país.
Exactamente al día de hoy, faltan 135 días para celebrar la elección más grande de la historia de México. Esta contienda contempla la renovación de los 500 curules de la Cámara de Diputados, el cambio de gobierno en 15 entidades de la República y más de 20,292 puestos a elegir entre diputados locales, alcaldes, síndicos y regidores en diversas regiones del país. Además, sabemos que tendrán derecho a voto cerca de 93 millones de mexicanos con credencial de elector, quienes podrán asistir a una de las 163,500 casillas que estarán representadas por 1 millón 400 mil funcionarios electorales.
Estos datos son un indicador del reto que se tiene por delante para organizar el proceso electoral. Importante señalar, que más allá de las ideologías, plataformas políticas, partidos y candidatos que naturalmente motivarán la participación de los ciudadanos, en México los tiempos político-electorales son un factor generador de microeconomías para miles de familias, hecho que a partir de estas fechas obliga a que todos los días millones de personas salgan a las calles a pesar del alto riesgo de contagio de este letal virus que sigue azorando a toda la humanidad.
Es a partir de esta creciente movilidad de personas que se plantea la duda especulativa sobre la viabilidad de llevar a cabo, en tiempo y forma, la jornada electoral convocada para el domingo 6 de junio de 2021. De inicio, vale la pena generar una serie de preguntas, que no necesariamente tienen una respuesta, pero que nos llevarán a reflexionar sobre bases hipotéticas: ¿Cuántas vacunas se aplicarán al 6 de junio? ¿Cómo han evolucionado los casos de Covid-19 en México? ¿Cuáles son las ventajas y adversidades de no modificar el calendario electoral? Así como preguntas en torno a la operatividad de las campañas: ¿Cuál será el interés de la ciudadanía en general para involucrarse o informarse de las actividades proselitistas? ¿Qué pasará cada vez que un candidato se contagie o peor aún fallezca? ¿Saldrán los ciudadanos a votar so riesgo de contagiarse?
A partir de estos cuestionamientos se pone de manifiesto la magnitud de la encrucijada que tenemos en frente y que, sin duda, son temas que se estarán discutiendo entre analistas políticos y autoridades electorales. Nos sirven de referencia tres hechos que a mi parecer tienen relevancia para esta plana: el primero, conocer cómo han evolucionado los casos de contagio de los pasados 135 días a la fecha; segundo, cómo se proyecta el Plan Nacional de Vacunación y, tercero, en qué fechas se discutió en el Consejo General del INE las modificaciones al calendario electoral del año pasado.
Exactamente hace 135 días el calendario marcaba 8 de septiembre de 2020. La consigna oficial fue evitar a toda costa reuniones con motivo de las fiestas patrias. Ese día, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, se acumulaban 642,860 casos positivos, más 5,351 nuevos contagios y se sumaban a la lista negra 68,484 defunciones. De la fecha señalada a hoy, los casos casi se han triplicado, registrando más de 1 millón 670 mil contagios y más de 143 mil decesos, tan sólo en las últimas 24 horas registramos una de las cifras más elevadas de fallecidos con 1,584 personas.
La pregunta es ¿Cuál será la tendencia para 2021? Al respecto, Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, comentó hace apenas algunos días que “prácticamente todos los países de América están experimentando una aceleración en la propagación del virus (…) si nos relajamos, no nos equivoquemos: 2021 podría ser mucho peor que 2020". El riesgo de relajar las medidas es real, sobre todo ante la existencia de las vacunas. Mas aún, cuando el Plan Nacional de Vacunación considera que en las primeras 4 etapas (de las 5 contempladas) se atenderán a 42 millones 500 mil personas mayores de 40 años.
De acuerdo con la programación oficial, se aplicarán la siguiente manera: 1ª- diciembre de 2020 a febrero 2021, para personal de salud de primera línea de control de COVID-19. 2ª- febrero a abril, dedicada a vacunar a personal de salud restante y personas de 60 años y más. 3ª- abril a mayo, enfocada a personas de 50 a 59 años. 4ª- mayo a junio, destinada a vacunar a personas de 40 a 49 años y 5ª - junio a marzo 2022, asignada para el resto de la población. Para cumplir estos objetivos en los próximos 135 días, se tendrían que estar aplicando 622,222 vacunas por día (considerando la doble aplicación de misma para su efectividad). Como dato, al momento de escribir estas líneas, se han aplicado alrededor de 500,000 dosis en todo el país, de diciembre de 2020 a la fecha.
Finalmente, tenemos como referencia que el pasado 1 de abril de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió una resolución que decidió aplazar el proceso electoral de ese año en las entidades de Coahuila e Hidalgo; mismas que estaban programadas para el 7 de junio y que finalmente se llevaron a cabo el 18 de octubre. Esto tiempos me llevan a pensar que aún no hay una decisión final sobre la celebración de los comicios.
En la elección de este año está en juego la salud de nuestro endeble sistema democrático, pero también va por delante la salud de millones de familias mexicanas. Si el INE discute la posibilidad de aplazar el proceso, tendrán que abordarse diversas aristas con sus pros y sus contras. Particularmente, hago súplicas para que el Plan Nacional de Vacunación funcione y que de la mano de la alta responsabilidad de quienes decidan participar en el proceso electoral, cuiden y atiendan la normatividad sanitaria para que, sin contratiempos, el próximo 6 de junio se concrete una verdadera fiesta democrática.
