A partir de hoy, el Congreso de la Unión tendrá 151 días para cumplir la orden que le dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación: regular el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de propaganda.
Para la Corte, la falta de regulación del Congreso propicia un “ejercicio arbitrario del presupuesto” en comunicación social y eso, desde la perspectiva de los ministros, significa una “restricción indirecta de la libertad de expresión”. El objetivo –señaló en su momento el ministro Arturo Zaldívar– es terminar con la discrecionalidad de los distintos gobiernos que utilizan la “publicidad oficial” para castigar a los medios críticos y premiar a los oficialistas.
Esa decisión –histórica de la Suprema Corte– significará nuevas responsabilidades de quienes forman parte de los equipos de Comunicación Social y, sobre todo, de quienes toman las decisiones en el uso de los recursos públicos con los que operan esas áreas.
La modificación del artículo 134 Constitucional, en 2007, buscaba clarificar la actuación de los servidores públicos, porque la falta de regulación “propiciaba el desperdicio de recursos públicos en la promoción personal de funcionarios”. A juicio de los legisladores federales, la presencia de los servidores públicos en la vida político-electoral sin reglas, “distorsionaba la equidad de la competencia”.
En aquel momento se señaló que esa reforma tenía destinatario: Enrique Peña Nieto, en ese entonces gobernador del Estado de México, colocado –desde que arribó al Poder Ejecutivo mexiquense- como un aspirante sólido a la Presidencia de la República.
Los analistas comentaban que el objetivo de Manlio Fabio Beltrones, líder en el Senado de la República y también aspirante a la candidatura priísta -junto con Emilio Gamboa Patrón, que lideraba la Cámara de Diputados federal-, era detener el avance sostenido y creciente que mostraba el mexiquense, con dirección a Palacio Nacional. A final de cuentas, Enrique Peña Nieto es Presidente de la República.
Los integrantes de la LX Legislatura federal enfatizaron que “la permanente confusión entre funcionarios-candidatos alteraba el trabajo de los gobiernos y de la propia función pública” y en aquellos tiempos, al calificarse la elección presidencial de 2006, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que “la injerencia de algunos servidores públicos puso en riesgo la elección”.
De esa manera, la comunicación gubernamental tuvo -por primera ocasión- el reconocimiento como una actividad de interés público. La información gubernamental se constituye, definitivamente, en un recurso de poder que es objeto de disputa entre los actores interesados.
En el texto del Senado de la República, se reconoció la necesidad de diseñar y poner en práctica un nuevo modelo de comunicación, porque se le identificó como un problema, en el que se involucran dos aspectos: el interés privado, de las empresas vinculadas a la comunicación, y el interés público, porque se trata del derecho a la información que consagra el artículo 6° de la Constitución.
Esperemos que ahora, luego de la determinación de la Suprema Corte de Justicia, se reconozca el papel estratégico de la comunicación y se avance hacia su definición como una política pública y no como un área adjetiva, de la cual se puede prescindir.
La Comunicación Institucional o Gubernamental cumple los elementos que refiere Leopoldo Díaz Moure, al señalar que las políticas públicas impactan en el interés general, su decisión resulta del diálogo, la transparencia y la accesibilidad en sus acuerdos, y su financiamiento procede de las arcas del Estado. (Nuevos Temas en el Análisis de las Políticas Públicas, España, 2011).
El reto que iniciará a partir del 30 abril de 2018 será que los responsables de Comunicación Social cumplan el perfil adecuado para diseñar, planear, ejecutar, evaluar y transparentar los recursos públicos en ese ámbito y, al mismo tiempo, lograr sus objetivos institucionales, en estricto apego al artículo 134 Constitucional. Deberán ser eficientes, eficaces y honrados.
PERCEPCIÓN
Impresionante la operación mediática para respaldar a José Antonio Meade Kuribreña, como precandidato a la Presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional. De inmediato interactuó con medios informativos. Ha sido tema central en la agenda pública.
