“Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos”
José Ortega y Gasset
Sin lugar a duda, uno de los debates más controversiales a nivel mundial es el del outsourcing – o subcontratación – por todas las variantes provenientes a favor y en contra y por las regulaciones que debieran existir para que se lleve a cabo conforme a derecho y sin afectar la vida y los ingresos de los trabajadores.
En México la regulación de este esquema laboral es prácticamente nula y es uno de los temas que el gobierno transformador pretende cambiar a favor de los trabajadores, no obstante, como casi todas las reformas impulsadas por esta administración, el acuerdo que se presentará en San Lázaro es muy controversial.
Primero que nada, hay que dejar en claro que la reforma no busca eliminar o prohibir la subcontratación, pero si busca moderarla de forma contundente para lograr evitar las malas practicas en que muchas empresas han incurrido a fin de reducir costos y maximizar sus utilidades.
La realidad actual es que muchos patrones tienen más del 50% de sus trabajadores bajo esta modalidad, en actividades incluso de su objeto y no solo de las de apoyo como es la idea original o en áreas sumamente especializadas, además de cambiar de empresa cada año para evitar generar antigüedad e incrementar días de vacaciones o incluso darlas, dar bajos o nulos aguinaldos y evitar el reparto del 10% de utilidades en mayo, registran al trabajador ante el Infonavit y el IMSS con salarios mucho menores a sus ingresos reales, con lo cual es impensable que el trabajador pueda adquirir un buen crédito para la adquisición de una vivienda segura y suficiente o una pensión que permita al adulto mayor vivir una vejez digna. Lamentablemente ante lo que podría ser una reforma laboral por los que menos tienen, diría Felipe Calderón de su reforma hacendaria, lo que muchos empresarios tienen en mente es todo lo contrario, el 60% de las compañías pretende negociar con los empleados para contratarlos bajo un esquema informal (honorarios, asimilados u otra), solamente el 30% de las empresas estima incorporar a su nómina a todos los trabajadores que tiene subcontratados, mientras que el 10% restante optará por la desvinculación laboral refleja un sondeo previo de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, es decir, esta reforma sin el trípode de fiscalización – SAT / IMSS / INFONAVIT – nos hará pasar de la subcontratación a la informalidad si bien nos va, por que también estamos de cara al desempleo.
Por cierto: México de la mano con Argentina en las vísperas de las reuniones de primavera del FMI y el BM solicitaron una asignación amplia de los derechos especiales de giro y abrir nuevos mecanismos para favorecer una reestructuración ordenada de la deuda, misma que, para México en 2020 representó el 52.4% del PIB; ¿pues no que íbamos requetebién?
Y para variar: Al igual que en Big Brother en PEMEX las reglas cambian, al menos en dos puntos cruciales, primero el ajuste de producción a la baja para finales del sexenio de 2.6 a 2 millones de barriles diarios, y segundo, el nuevo plan de negocios de la paraestatal (2021-2025) dice que siempre no habrá ganancias este año como se había estimado, que habrá pérdidas por hasta 93,000 mdp, y esperece que para 2022 el balance negativo se espera de nada más y nada menos que en los 143,000 mdp; y si nos va bien, las ganancias se darán hasta 2024; es decir seguirán tirando dinero por la borda, y eso que los apoyos de la Secretaria este año serán por los nada despreciables 170,000 mdp.
