Cuando hace poco menos de tres años decían que Andrés Manuel López Obrador nos iba a llevar a una dictadura, siempre dije que era una exageración, que lo decían porque habían perdido. Pensaba que debía darse el beneficio de la duda a un gobernante que había luchado por llegar a la presidencia, en busca de cambiar las cosas.
Y es que verdaderamente había mucho que cambiar. Enrique Peña Nieto y su equipo de colaboradores eran unos cínicos. Esa es la verdad. El PRI, en sus manos, acabó con la poca fuerza que hubiera podido tener, pero en un tema histórico de posible recuperación para seguir gobernando al país. Pero no, los temas de corrupción fueron a ojos vistos. Claro, hay que ver si este gobierno de izquierda los castigará y castigará también a aquellos que ahora también lo hacen.
Hoy, hay visos claros de una posibilidad de ir hacia una dictadura. Ojalá nos equivoquemos. Pero resulta sospechoso, por decir lo menos, que la Cámara de Senadores haya aprobado ampliar el periodo para el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, de 4 a 6 años.
Es más que suspicaz pensar que detrás de esta ampliación hay gato encerrado, porque el presidente ha hecho fuertes declaraciones contra jueces, que han tomado decisiones que no le han gustado.
Entonces, estamos ante negociación de justicia para que esté al modo que a él le gusta. Apenas el 7 de abril, Andrés Manuel se pronunció en la mañanera por una reforma al Poder Judicial. “Sí se requiere una renovación del Poder Judicial. Esto tiene que ver con jueces, tiene que ver con magistrados, tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación", señaló.
Es curioso que, en lugar de promover la reforma, el mandatario decidió ampliar el periodo de los magistrados.
¿Qué es lo que recibirá a cambio de dos años más?
A través de un artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Senado amplió el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de cuatro a seis años, y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal de cinco a siete años.
Arturo Zaldívar fue electo ministro presidente de la Suprema Corte el 2 de enero de 2019, cargo que ostentaría hasta diciembre de 2022. Sin embargo, con la aprobación de la reforma al Poder Judicial, su gestión se extiende hasta 2024, justo cuando termina el periodo constitucional de López Obrador.
Es cierto que esta reforma aún debe pasar por la Cámara de Diputados, pero no hay ningún signo que indique que los diputados de Morena vayan a enmendar la plana a los Senadores.
Aquí el tema es que, si Arturo Saldívar acepta la dádiva presidencial, estará sentando un peligroso precedente para que, en el 24, de la misma manera, con un artículo transitorio, AMLO amplíe su periodo dos o más años. ¡Peligroso!
Por eso, en su momento, los grupos parlamentarios de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano calificaron de ilegal esta situación producto de un albazo, un engaño y un agandalle de la mayoría morenista, ya que nunca circuló la propuesta entre los legisladores.
El panista Damián Zepeda denunció un golpe de Estado, un abuso y un acto de corrupción por parte de Morena y sus aliados. Además de ser un ensayo para tratar de ampliar el periodo del gobierno federal.
Dante Delgado emplazó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, que "por decoro y dignidad" no acepte la aberración jurídica. Dijo que el transitorio no se discutió, no se informó ni se incluyó en la gaceta. Es una reforma de una grave envergadura que debió haberse discutido con tiempo. Dos de los más admirables ministros de la SCJN, Zaldívar y Olga Sánchez Cordero disminuidos por un interés superior. Lamentable.
Pero cómo estarán las cosas en el país, que AMLO con la mano en la cintura allana el camino a una posible dictadura y, en Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles agrede públicamente a un ciudadano que protestaba por su situación ante el crimen organizado, que tiene secuestrada a la comunidad de Aguililla. Ahí llegó Aureoles, pero en helicóptero, porque no hay otra forma de entrar, ni salir.
Dirán que sólo fue un empujón, pero, si hubiera sido a la inversa, el maestro hubiera terminado golpeado y en la cárcel. Bueno, el gobernador ordenó que le suspendieran el salario. Y protestas sus compañeros.
Sí, ya se va Silvano, alegarán, pero mientras, mucho daño hace a Michoacán. Pero es una vergüenza para Silvano y para el propio AMLO, por su omisión para ayudar, ante las acciones de los criminales, de cerrar todo acceso o salida en Aguilillas. ¿Quién entonces les ayudará?
