A quince días de iniciadas las campañas federales flota la pregunta en el aire sobre cómo la autoridad electoral va a garantizar la equidad en la contienda, desde una perspectiva de género, para que dos prerrogativas clave, como son el financiamiento público y los tiempos de radio y televisión, se distribuyan de forma igualitaria entre hombres y mujeres o, al menos, en una proporción de 60/40 respectivamente, para favorecer el ejercicio pleno de los derechos político electorales de las mujeres y erradicar la violencia política en razón de género, a través de una distribución equitativa de estas herramientas fundamentales en la lucha electoral: los recursos económicos y el acceso a los medios de comunicación.
La pregunta deriva del acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral, en octubre de 2020, sobre los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, en los cuales se precisa que los partidos políticos y coaliciones deberán implementar, de forma enunciativa pero no limitativa, acciones y medidas para prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, entre las que se encuentran la forma de distribuir el financiamiento público y los tiempos oficiales de radio y televisión.
De forma literal, estos lineamientos mencionan que, en el caso del financiamiento, no podrá otorgarse a las mujeres menos del 40 por ciento del financiamiento público con el que cuente cada partido o coalición para las actividades de campaña; y el mismo porcentaje se aplicará para el acceso a los tiempos de radio y televisión durante el periodo electoral. Aclara que, tratándose de las elecciones de ayuntamientos o alcaldías y diputaciones locales y federales en candidaturas con topes de gastos iguales, el financiamiento público destinado a las candidatas no podrá ser menor al 40% de los recursos totales ejercidos en dichas candidaturas; y precisa que, en los promocionales pautados de candidaturas al Poder Legislativo, ya sea federal o local, el tiempo de radio y televisión para la obtención del voto de las candidatas no podrá ser menor al 40% del tiempo destinado por cada partido o coalición al total de candidaturas para dicho cargo.
Y cómo se garantizará el cumplimiento de lo dispuesto en estos lineamientos es un desafío pertinente de plantear; porque una lucha actual de las mujeres es por la igualdad sustantiva, es decir, por la igualdad de facto, la real; porque lo que dice la norma no siempre se cumple en los hechos y los temas de género no son la excepción. Por ejemplo, el principio paritario constitucional para la integración del congreso federal fue dispuesto en la reforma política de 2014 pero no se cumplió en las elecciones intermedias de 2015, sino hasta el proceso electoral de 2018.
Y si bien, es cierto que en los últimos dos años han tenido lugar reformas históricas para fortalecer la participación política de las mujeres, como es la reforma de Paridad en Todo de 2019 y el paquete de reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género de 2020, han sido necesarios instrumentos administrativos y criterios jurisdiccionales adicionales para avanzar en lo dispuesto por estas reformas legales de vanguardia.
Ejemplo de ello son los lineamientos ya citados, que se suman al criterio emitido para garantizar la paridad horizontal en cargos de índole unipersonal postulando, al menos, a 7 mujeres para las 15 gubernaturas en juego en 2021; al criterio jurisdiccional del TEPJF en el mismo sentido de postular 7 mujeres para las 15 gubernaturas a renovar en 2021, como forma de obligar a los partidos políticos a garantizar la paridad en sus procesos internos de selección de candidaturas; y a la iniciativa 3 de 3 contra la violencia para evitar que sean postuladas y registradas personas candidatas con antecedentes de violencia familiar y/o doméstica, de haber cometido delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal y deudoras alimentarias morosas.
El reto, entonces, para la autoridad electoral en las elecciones de 2021 es garantizar que estas conquistas en favor de las mujeres sean una realidad y que la violencia política deje de ser un obstáculo para que las mujeres accedan a los cargos públicos en general y a los espacios de toma de decisiones.
@IrmaCruzE
