El fenómeno del feminicidio se ha convertido en un gran problema social en nuestro país y particularmente en el Estado de México.
Si bien México se inserta en esa realidad global que limita la vida de las mujeres, en el país ha adquirido proporciones insólitas en las últimas tres décadas.
La violencia que se vive en algunas regiones traspasa los límites de seguridad pública, la educación o la salud.
A partir de la década de noventa, el número de mujeres y niñas víctimas de asesinato comenzó a elevarse en toda la República. Tan sólo en el lapso entre 1990 y 2000 se registraron 15 mil 341 muertes de mujeres con presunción de feminicidio.
El Estado de México no escapa a la dinámica nacional. Las condiciones socioeconómicas, culturales, y el panorama institucional que en la entidad se reúnen, favorecieron un clima permanente de inseguridad y violencia que encontró en las mujeres mexiquenses al eslabón más débil de la sociedad.
El Estado de México ocupó rápidamente los primeros sitios en los conteos especializados sobre violencia, impunidad, e inseguridad. De 1990 a 2011 fueron asesinadas más de 7 mil mujeres en el estado; los casos comenzaron a hacerse visibles ante el mundo.
Según la investigadora Nayeli Sánchez Rosales, en su trabajo “Genealogía del Feminicidio como Problema Público en el Estado de México”, asegura que la cultura machista se transmite a través del ambiente social, de los principios patriarcales que rigen a las principales instituciones sociales y políticas; es decir, existe una institucionalización del dominio masculino.
Por otra parte, los patrones se reproducen también en el entorno familiar, no solo por parte de los varones, sino también por parte de las mujeres.
Dice que las mujeres que se contraponen a los estereotipos de los papeles femeninos pueden crear en los hombres una crisis en relación con la imagen que tienen de sí mismos, circunstancia que puede colocarlas en un estado de vulnerabilidad frente a quienes se sienten desafiados por su conducta.
Advierte que la pobreza tiene un papel preponderante en la existencia del feminicidio como fenómeno en la entidad. La marginación y la pobreza son condiciones que caracterizan a las zonas donde ocurren la mayoría de los feminicidios.
En la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, el Inegi reveló que 66 por ciento de las mujeres que participaron, mayores de 15 años, enfrentaron al menos un incidente de violencia en la vida.
También reveló que después del hogar, el segundo ámbito con más violencia son los espacios públicos, calles, plazas, parques o transporte público, sitios en donde 38.7 por ciento de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia, como intimidación, acoso, manoseo, abuso o violación.
En el ámbito laboral, el panorama es alarmante, tres de cada 10 mujeres han experimentado violencia sexual o discriminación por su sexo y la brecha salarial revela que las mujeres ganan 33 por ciento menos que los hombres por realizar el mismo trabajo.
ONU Mujeres proclamó el día 25 de cada mes, el Día Naranja, como un llamado a actuar de los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, la academia, los medios de comunicación y la ciudadanía. Pero principalmente a la población joven, para generar conciencia de la magnitud del problema y el derecho a vivir una vida libre de violencia.
También a sumar esfuerzos para afrontar la violencia que nunca cesa, que se vive en el ámbito público y en privado, de diversos tipos y modalidades en contra de las mujeres.
Se trata de asumir un compromiso social, de visibilizar todas las formas de violencia en contra de mujeres y niñas y combatir este fenómeno que encuentra su expresión máxima en el feminicidio.
