Al no tener criterios claros y objetivos sobre el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social y contratación de medios, y por atentar contra la libertad de expresión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró inconstitucional -de manera unánime- la Ley General de Comunicación Social que la Cámara de Diputados federal expidió en 2018, por iniciativa del gobierno federal anterior.
La primera Sala de la Suprema Corte declaró inconstitucional la ley que en su momento provocó diversas críticas y reclamos por parte de organizaciones y asociaciones relacionadas con el periodismo y la comunicación. Desde la perspectiva de la SCJN, el marco establecido hace tres años otorgaba al gobierno una “enorme discrecionalidad” para ejercer el gasto en difusión.
El proyecto elaborado por el ministro Juan Luis Alcántara Carrancá, señala: “Este tribunal constitucional considera que la Ley General de Comunicación Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018, no cumple a cabalidad con la tarea que el texto fundamental le encomendó, particularmente porque no esclarece ni detalla los criterios a que debe estar sujeto el gasto en comunicación social, ni tampoco dispone procedimientos concretos y reglas específicas encaminadas a garantizar que el ejercicio de dicho gasto cumpla con los criterios indicados, disminuyendo así la discrecionalidad de los agentes gubernamentales involucrados”.
La resolución de la SCJN surgió luego de un amparo que promovió la organización Artículo 19 y al que se le otorgó la protección constitucional, por lo que ahora el Congreso de la Unión deberá subsanar las omisiones detectadas por los ministros o derogar la actual Ley General de Comunicación Social y expedir una nueva, antes de que concluya el actual periodo de sesiones de la Legislatura en diciembre próximo.
Esta decisión de la Suprema Corte redefine un criterio -mal planteado de origen- que durante los últimos años “guio” las decisiones para asignar los gastos relacionados con publicidad y comunicación desde el ámbito gubernamental.
Hace unos meses, en el Estado de México, la diputada Anaís Burgos Hernández -de Morena- propuso la expedición de la Ley de Comunicación Social de la entidad, cuyo borrador era un “copia-pega” de la Ley federal en la materia, y planteó que el objetivo era “garantizar que el gasto en comunicación social de los entes públicos se ejerza bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, austeridad y honradez; respetar los topes presupuestales, y delimitar el papel de la comunicación en campañas electorales y la imagen de los actores políticos en cargos de elección popular”.
De acuerdo con el comunicado 2087, emitido por la LX Legislatura el 4 de agosto de 2020, “la presidenta del Comité de Comunicación Social recordó que en 2018 se expidió la Ley General de Comunicación Social que obliga a los congresos estatales a armonizar su marco jurídico, por lo que la 60 Legislatura continuará haciendo historia con su normativa en la materia, ya que abonará a la transparencia y rendición de cuentas”.
El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica el panorama para esa propuesta y ofrece la oportunidad al Congreso de la Unión para re-pensar qué se quiere con la normatividad en la materia, porque la comunicación social desde las instancias gubernamentales va más allá de un manejo presupuestal. La pandemia por COVID-19 ha demostrado el papel estratégico de la comunicación y se abre la oportunidad para discutir con mayor profundidad el marco legal, a fin de garantizar que la sociedad reciba información confiable, oportuna, clara y suficiente de lo que se hace desde el ámbito público, así como para contribuir a la formación de una sociedad mucho más participativa, más allá de los intereses políticos y partidistas, sin menoscabo del manejo presupuestal honesto y transparente que, además, abone al ejercicio de la libertad de prensa.
Sin duda alguna, la nueva etapa del Parlamento Abierto -que ahora tendrá foros regionales- genera la posibilidad de analizar este rubro, el cual, generalmente, se considera secundario desde la Administración Pública en todos los órdenes.
PERCEPCIÓN
Los casos de COVID-19 en las instituciones públicas siguen en aumento, aunque no se hagan públicos y se pone en riesgo a miles de familias.
