Layda Sansores, gobernadora de Campeche, cumple cuatro años de gobierno. Por supuesto, presentará su cuarto informe y con él estará generando una crítica nacional en el terreno de la libertad de expresión; concretamente, del periodismo, al nombrar a un intermediario que señala y vigila los comentarios, y sanciona a quien critica a la gobernadora, como es el caso de Jorge Luis González Valdez y tres periodistas más en Campeche, a quienes exigen pedirle perdón a la gobernadora por las críticas que le hayan hecho.
Ejemplo de la visión que sobre la libertad de expresión se ha señalado en diversos ámbitos de las instituciones gubernamentales que dan cuenta de ello: Ciro Gómez Leyva, Héctor de Mauleón, Anabel Hernández, Lourdes Mendoza, Carlos Loret de Mola, Brozo, Said Betanzos en Tijuana y, en el interior de la República, muchos más.
Señalamientos a palabras, expresiones o críticas que no deben manejarse en medios de comunicación por comentaristas bajo lupa, que no se han sometido y siempre tienen un lugar en las sancionables.
Ignacio Ramírez nunca hubiera imaginado que sus peores pesadillas podían cumplirse. En un estado libre, con ciudadanos libres, la palabra ha de ser libre y ahora vive amordazada.
¿Se trata de que Campeche sea una prueba piloto para generalizar sus resultados, como ya lo hacían diversos gobernadores, congresistas y presidentes municipales, que lo van convirtiendo en una realidad?
¿Cuántos Belisarios Domínguez que defiendan la ley, la democracia y los derechos humanos tendrán que darse en el futuro?, ¿cuántas víctimas de la verdad?, ¿cuántos asesinatos más a periodistas?, ¿cuántos cierres de medios informativos?
Solo en el lapso entre 2000 y 2022 se estima que fueron asesinados alrededor de ochenta periodistas, según declaración de Reporteros sin Fronteras, que afirma que 2022 ha sido el año más mortífero para los periodistas en México.
No todos los colegas lo vivirán, pero sí las consecuencias de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y de una nueva visión de la reforma electoral. El Ejecutivo, así, tendrá el poder absoluto. Solo falta entregarle las escrituras de los inmuebles donde se alojan las instituciones.
