La crisis global por COVID-19 que vivimos desde marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia por la presencia del coronavirus, ha puesto sobre la mesa la importancia estratégica de la comunicación -como acción pública de los diferentes órdenes de gobierno y de las instituciones privadas y sociales- para mitigar los efectos de la enfermedad.
El 30 de enero de 2020, la OMS declaró como “emergencia de salud pública de preocupación internacional” la epidemia de COVID-19 y el 11 de marzo del mismo año, el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que la enfermedad por el coronavirus era una pandemia, porque se extendió por diferentes países y continentes del mundo, afectando a un gran número de personas.
Desde ese momento, las prácticas cotidianas en diferentes ámbitos -personales, familiares, educativos, laborales, deportivos y sociales- se vieron afectadas por el temor al contagio del virus -en ese momento desconocido en su totalidad- que provoca desde resfriados comunes hasta enfermedades graves, dependiendo de las condiciones de salud de cada persona.
Durante los últimos 18 meses, cada país, gobierno y sociedad han aplicado diferentes medidas para reducir y tratar de contener la velocidad de los contagios, así como para atender a quienes enferman de COVID-19, hasta donde sus limitaciones técnicas, financieras y humanas lo han permitido.
En el caso de México, las autoridades minimizaron -en un primer momento- la magnitud de la pandemia y aseguraban que su impacto en el país no sería tan grave. Evidentemente, las cifras de contagios y de fallecimientos -no sólo por COVID-19, sino por la falta de atención a otras enfermedades ante la insuficiencia del sistema de salud, público y privado- han acreditado un error de cálculo de las autoridades.
En ese contexto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió del riesgo de la infodemia masiva: “el brote de COVID-19 y la respuesta correspondiente han estado acompañados de una infodemia masiva, es decir, una cantidad excesiva de información -en algunos casos correcta, en otros no- que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando las necesitan”.
En el caso de México, la OMS solicitó a la Universidad de California en San Francisco (USCF, por sus siglas en inglés) la elaboración de un informe denominado: “La respuesta de México al COVID-19: Estudio de caso”, en el que se advirtió que “los ciudadanos tienen derecho a ser informados verazmente por las autoridades sobre la magnitud de la amenaza y las mejores formas de protegerse de ella. Actitudes frente al uso de mascarillas o la vacilación ante las vacunas, por ejemplo, dependen en gran medida de la calidad del liderazgo y ejecución políticos, así como de la claridad y coherencia de las comunicaciones”.
El referido informe indicó las fallas -identificadas hasta febrero de 2021- que afectaron la comunicación en México: No reconocimiento a la gravedad potencial de la amenaza; No comunicación adecuada del riesgo; Vacío de información apropiada a la población para enfrentar el riesgo.
Toma de decisiones discrecional y excesivamente concentrada que afectó la adaptación oportuna de los mensajes de salud; Falta de coordinación entre los niveles de gobierno que reforzó la polarización en la respuesta; Mensajes mixtos de los diferentes ámbitos de gobierno; Imposibilidad de una comunicación inclusiva con la participación de actores relevantes y de la propia sociedad, debido al modelo de gestión de emergencia y al estilo divisivo de liderazgo; Polarización política y Politización de la comunicación en salud, en detrimento de la objetividad y la confianza.
Por ello, sería pertinente que más allá de la comunicación política que tradicionalmente se ejecuta desde las instancias gubernamentales, privadas y sociales, se ponga atención en una vertiente poco explorada en el país: la comunicación de riesgo.
De acuerdo con la OPS, comunicación de riesgo se refiere “al intercambio en tiempo real, de información, recomendaciones y opiniones, entre expertos y/o funcionarios y personas que se enfrentan a una amenaza (riesgo) para su sobrevivencia, su salud o su bienestar económico o social (…) El objetivo es que toda persona expuesta a un riesgo sea capaz de tomar decisiones informadas para mitigar los efectos de la amenaza (riesgo), como el brote de una enfermedad, y tomar las medidas y acciones de protección y prevención”, indica el sitio oficial de la OPS.
La comunicación de riesgo es una acción esencial para salvar vidas y requiere la presencia, atención e intención activa de quienes saben de los riesgos (expertos), los responsables de la salud pública (autoridades) y quienes son afectadas y afectados (ciudadanía), pero -viendo las condiciones políticas del país- parece, lamentablemente, que la agenda está en otro lado.
En otra entrega, trataré de compartir en qué consiste la comunicación de riesgo.
PERCEPCIÓN
Indudablemente es momento para fortalecer a las mujeres y a todos nos corresponde impulsar su empoderamiento, más allá del discurso. Precisamente sobre ese empoderamiento, este viernes inicia la Feria Internacional del Libro del Estado de México 2021 (FILEM) en su séptima edición. A las 18 horas se presentará el libro “HDP” de Sabina Berman. Ahí estará la autora y tendré el honor de acompañarle -ambos de manera virtual. Les aseguro que, si se conectan, valdrá la pena.
