Se avizora nuevamente una encrucijada histórica y decisiva ante la oportunidad de fortalecer la democracia en el Estado de México o abandonar a su suerte a mujeres y parejas del mismo sexo que ven cerrada la posibilidad de vivir con dignidad, igualdad y libertad; una situación que solo puede abordarse asumiendo la responsabilidad y el compromiso requeridos para alcanzar un Estado moderno, del siglo 21, el siglo de las mujeres, a través de la aprobación de la interrupción legal del embarazo y del matrimonio igualitario.
Cuando fui titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) tuve la oportunidad de emitir sendos pronunciamientos acerca de estos temas y, cuando fui rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, actuamos en favor del reconocimiento de la identidad de género, enfocado al matrimonio igualitario y teniendo como cimiento la dignidad de la persona humana y los derechos a la igualdad y a la libertad.
Como abogado y estudioso del Derecho, tengo claro que esto no se trata de socavar al Estado, ni de minimizar a la sociedad, al contrario, el objetivo es su fortalecimiento para seguir avanzando hacia los umbrales de una democracia que necesita modelos diversos de familia y de matrimonio incluyente, transformando así un modelo social que excluye y censura la libertad y la diversidad sexual limitando el ejercicio de las prerrogativas fundamentales, pues “los derechos humanos no pueden florecer en un campo definido por el tratamiento asimétrico de las personas”, como se afirmó en el pronunciamiento de la Codhem emitido el 12 de febrero de 2019.
Instancias nacionales e internacionales han concluido que el matrimonio igualitario es una exigencia defendida por el sistema jurídico mexicano y que, por tanto, debe establecerse en la ley local. Así, vamos por la libre discusión, la participación amplia y el argumento claro y objetivo para analizar las iniciativas de ley sobre matrimonio igualitario e interrupción legal del embarazo, a fin de nutrir las decisiones legislativas con criterios jurisprudenciales, académicos y sociales, en aras de una organización democrática incluyente que brinde condiciones de justicia y calidad de vida a sus integrantes.
Sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), también desde la Codhem nos pronunciamos por su aprobación en septiembre de 2019, llamando a respetar y garantizar las libertades de las mujeres, tema toral de la agenda mexiquense para defender el derecho a la protección de la salud, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y, particularmente, de niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, evitando que mueran o pongan en riesgo su vida al interrumpir el embarazo en condiciones indeseables.
La reciente sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia para evitar la criminalización de quienes deciden ejercer correctamente y a tiempo un derecho, al mismo tiempo da paso a una maternidad deseada, plena, saludable, y con expectativas para un proyecto de vida con calidad y bienestar.
Cierro el inventario de hoy retomando aquí las palabras del eminente doctor argentino René Favaloro (1923-2000), hombre honesto, de trabajo apasionado y sacrificio sin límites, que evitó siempre ser influido por conceptos dogmáticos o prejuicios: “Los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y en algunos Sanatorios hacen fortunas sacándoles la vergüenza del vientre a las ricas. Con el divorcio decían que era el fin de la familia y solo fue el fin de la vergüenza de los separados ilegales. Con el aborto no habrá más ni menos abortos, habrá menos madres muertas, el resto es educar…” (1997).
