Mejorar la seguridad vial es fundamental en términos de salud pública, bienestar, medio ambiente y economía, para tener ciudades más incluyentes, seguras y competitivas.
De acuerdo con datos 2020 del INEGI, en México ocurrieron 301,678 accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas, en el Estado de México el número fue de 16,940 siniestros; en cifras generales, en México cada año mueren 16 mil personas por accidentes de tránsito, en su mayoría son jóvenes de entre 15 y 29 años, y 85% fueron choques y atropellamientos y el 15% restante, caídas de pasajeros, derrapes y volcaduras.
Por su parte, el Instituto Nacional de Salud Pública informa que México ocupa el séptimo lugar en el mundo y el tercero en Latinoamérica en muertes por accidentes viales, constituyendo la primera causa de muerte en jóvenes entre cinco y 29 años de edad y la quinta entre la población general.
En más datos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, 80% de los accidentes se concentran en 20% de las calles y en los tramos de la red de carreteras donde hay curvas peligrosas, tramos con baja visibilidad e intersección de automóviles, entre otros factores como los horarios nocturnos, ingesta alcohólica y la conducción a muy altas velocidades.
Recientemente, en el municipio de Joquicingo, Estado de México, ocurrió un lamentable accidente en el que, de 50 pasajeros, fallecieron 21 y el resto resultó con graves lesiones, al estrellarse el autobús contra una casa de la comunidad El Guarda.
De hecho, cada día en el Valle de Toluca nos enteramos de atropellamientos de peatones, ciclistas y motociclistas, así como de accidentes en Paseo Tollocan, en la carretera y en la autopista México-Toluca, en la carretera Toluca-Atlacomulco, puntos ya casi comunes.
La alta incidencia de estos hechos cuesta al país 1.5% del Producto Interno Bruto, pues las lesiones temporales y permanentes ocasionan gastos económicos a las personas afectadas, al Estado y a las compañías de seguros, amén de las pérdidas humanas, lo cual no se cuantifica en dinero, pero sí en un alto costo emocional y social.
Si bien, como decía, entre los factores que ocasionan los accidentes se cuenta el conducir bajo los efectos del alcohol, estupefacientes, medicamentos; escribir o hablar por celular, fallas mecánicas o falta de señalización vial, también es cierto que frecuentemente el ignorar las señales de tránsito, así como una conducta impudente o agresiva al conducir predisponen las condiciones para que ocurra un siniestro.
Aquí entra nuevamente el tema de la responsabilidad compartida: autoridades, sector privado y ciudadanía poseen los mismos deberes y derechos y cada uno debe hacerse cargo de la parte que le corresponde.
La experiencia internacional propone la existencia de organismos coordinadores con suficiente financiación, con un plan o estrategia con metas medibles para dar una respuesta sostenible al problema de la seguridad vial, sobre todo, cuando la situación pone en crisis el respeto al derecho humano a la movilidad, un derecho de tercera generación que busca garantizar a todas las personas la posibilidad de circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado, siendo una necesidad básica cuya satisfacción debe asegurarse en el marco de la igualdad de condiciones y sin discriminación alguna.
En concreto, ante las cifras mencionadas, que representan vidas que se pierden cada año debido la falta de infraestructura adecuada y políticas públicas para evitar muertes, debemos considerar que también se trata de personas que quedan discapacitadas y pierden la oportunidad de trabajar y desarrollarse como las demás, con las consabidas repercusiones familiares y comunitarias, como en el caso de Joquicingo en el que los pasajeros eran de un solo lugar: Sahuayo, Michoacán.
Para que las ciudades, las calles y carreteras de México sean más seguras es necesario destinar mayor presupuesto para mejorar su infraestructura y contar con una normatividad que alinee los esfuerzos de seguridad vial en los tres órdenes de gobierno.
Algo afortunado es que, en diciembre del año pasado, el Senado aprobó una reforma constitucional para reconocer el derecho de la ciudadanía a moverse de forma segura, en condiciones de equidad, igualdad y accesibilidad para todos; sin duda, un primer paso para contar con una Ley General de Seguridad Vial, impulsada por especialistas y organizaciones civiles con el fin de adoptar las mejores prácticas para reducir accidentes viales.
Esperamos que la ley en proceso realmente aborde el problema desde una perspectiva integral, que integre las indicaciones de la Organización Mundial de Salud y temas como el diseño de vialidades, gestión de tránsito, capacitación para conductores, controles, mecanismos de evaluación y campañas permanentes de educación vial y comunicación, a fin de que los estados y municipios adapten la normatividad local.
