“Si quieres revelar el alma de una sociedad, observa el trato que le dan a sus niños”, Nelson Mandela.
Un tema del que se habla poco y se actúa menos, por parte del Estado Mexicano es la orfandad causada por el COVID, situación que debe ser visibilizada y atendida de inmediato, es un problema público debido a sus implicaciones de atención psicológica, médica, social y económica. En nuestro país más de un millón de niños y niñas han perdido el cuidado de sus padres. De acuerdo a datos del informe anual UNICEF 2017, hasta esa fecha había 39.2 millones de niños, niñas y adolescentes en nuestro país, de los cuales el 3.7% que son 1.4 millones viven en situación de orfandad, convirtiéndonos en el segundo lugar en orfandad infantil en América Latina.
Al cumplir 21 meses del primer caso positivo a COVID, en nuestro país la pandemia ha dejado a 244 mil 500 niñas, niños y adolescentes en orfandad, de este universo habrá muchas circunstancias, las niñas y niños que perdieron uno de sus padres, pero continúan bajo la tutela del otro, quienes perdieron a ambos padres, pero seguirán formando parte de su núcleo familiar, y quienes están en la orfandad total, al desamparo económico y afectivo.
Esta situación pone en riesgo a miles, que no solo son vulnerables al contagio, sino también están en peligro constante de fenómenos como el abandono escolar, trabajo infantil, embarazos tempranos y reclutamiento de grupos criminales; si para un adulto es muy complicado entender lo que impone la muerte de un ser querido, esa dificultad es aún mayor para nuestra niñez y adolescencia quienes en muchas ocasiones deben lidiar solos con la confusión y el dolor que implica esta pérdida, es imprescindible garantizar sus derechos fundamentales, generar políticas públicas y programas sociales en favor de ellos, en conciencia de que sufren las más graves violaciones a sus derechos, que van desde mala alimentación, riesgos a su salud e incluso la explotación laboral y sexual; es prioritario materializar el artículo 4°constitucional el cual establece el principio superior de la niñez, su derecho a la vida, a la identidad, a no ser discriminado, a la educación, a vivir en condiciones de bienestar y/o en familia y a un sano desarrollo integral.
Este Gobierno tiene un gran pendiente con la infancia, garantizar sus derechos es una obligación jurídica y una prioridad social, requieren mejores programas institucionales, así como acciones urgentes y concretas para estimular la adopción, incentivos a las ONGs que realicen intervenciones de búsqueda, salvamento y acogida, aunado al incremento de la inversión presupuestal.
Urge que se establezcan métodos simplificados para la adopción para: los familiares de primera línea; las asignaciones de pensiones del IMSS e ISSSTE o la entrega de los fondos en las cuentas y subcuentas de las afores y de vivienda. Asimismo, el Poder Judicial, debe participar con jueces vigilantes que pongan el interés superior de los menores por encima de los intereses de tutores y albaceas, el futuro y seguridad de niñas, niños y adolescentes es responsabilidad del Estado Mexicano, pero también de todos y cada uno de nosotros, es necesaria una participación y compromiso más amplio, así como de la intervención de todos los sectores y actores del país en beneficio de lo más importante que tenemos: la niñez de nuestro país.
@Laura Barrera F
