En los últimos meses, nuestros legisladores se han visto inmersos en la discusión sobre la propuesta de reforma en materia eléctrica. Diversos foros de parlamento abierto, han sido el escenario para que expertos, académicos, investigadores y empresarios, hagan del conocimiento de quienes en su momento deberán discutir y en su caso aprobar estas modificaciones, se alleguen de argumentos objetivos para tomar la decisión que menos contamine y que más le convenga a todos los mexicanos.
Tomando en cuenta que el crecimiento per cápita de la demanda de energía es de 2.8% anual, es preciso que nuestro país cuente con la infraestructura necesaria para cubrir al 100% con esta necesidad básica que hoy todos tenemos y que, de no tomar la decisión correcta, también afectará a todos directamente; no solamente en nuestro bolsillo, sino también, en cuanto a impacto ambiental que se pudiera derivar.
Es por ello, por lo que aquí describo algunos puntos importantes a considerar:
La Comisión Federal de Energía (CFE), como empresa productiva del Estado, enfrenta el reto de garantizar el acceso universal de energía eléctrica a precios asequibles, a través de la modernización y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas, así como las líneas de transmisión, la distribución hasta llegar a la comercialización. Sin embargo, al ser una empresa del Estado, CFE cuenta con un recurso asignado mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación, mismo que frente a la demanda de electricidad, mantenimiento y modernización que requiere el propio sector, resulta insuficiente.
Por otro lado, las inversiones de las empresas privadas en el sector energético, se han visto detenidas, debido a la incertidumbre que representa invertir en México con reglas muy inciertas. Siendo el sector privado una de las alternativas que tiene CFE para la diversificación de la matriz energética y la inversión en energías renovables que pudieran coadyuvar satisfacer la demanda de energía.
Dentro de la cadena de valor de la energía eléctrica, está la generación, transmisión, distribución y comercialización; siendo la transmisión y distribución potestad única de CFE, por lo que una de las alternativas sería la participación colaborativa con empresas privadas únicamente en la fase de la generación de electricidad, dejándole a CFE el monopolio ante las etapas de transmisión y distribución. Lo que implicaría que el presupuesto asignado pudiera invertirse en fortalecer la Red Eléctrica Nacional de nuestro País.
Otro punto interesante es el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia energética, aunado a la agenda 2030 y el acuerdo de París, donde desde este momento se vislumbra un incumplimiento en cuanto a las metas que se han planteado a los años 2025 y 2030.
La transición energética es la ruta que el resto del mundo se ha trazado desde hace algunos años, el ir incorporando energías renovables y tecnología para la demanda de la preocupante y cada vez mayor necesidad de satisfacer la demanda de energía. Todo ello sin seguir impactando desmedidamente con emisiones que generan un efecto invernadero en la atmósfera.
Es por ello que es indispensable que nuestro país trace y defina la ruta a seguir en materia energética, priorizando los principios de energía suficiente, de calidad, baja en emisiones, fortaleciendo a los entes reguladores que impulsen la competitividad, traduciéndose todo ello en mejor servicio y costos accesibles, sin que haya afectaciones al medio ambiente.
